El recurso presentado ante el Tribunal Constitucional por el padre de una joven con lesión medular y antecedentes de enfermedad mental vuelve a situar en primer plano uno de los debates más delicados de la actual Ley de eutanasia en España: la valoración de la capacidad y la verdadera autonomía en contextos de vulnerabilidad psiquiátrica. El caso, que ya ha atravesado diversas instancias judiciales con resoluciones favorables a la prestación, plantea interrogantes de fondo sobre el consentimiento, la protección de las personas con trastornos mentales y el papel de la medicina ante decisiones irreversibles. Desde la bioética, la cuestión no es solo jurídica, sino profundamente antropológica y asistencial: ¿estamos ante el ejercicio pleno de la autonomía o ante un fracaso del acompañamiento clínico y terapéutico?
El caso de la joven de Barcelona con lesión medular y antecedentes de enfermedad mental que ha solicitado la eutanasia en España, vuelve a situarse en el centro del debate jurídico tras un nuevo recurso presentado por su padre ante el Tribunal Constitucional. Se trata, según su representación legal, del último intento para evitar que se le aplique la eutanasia y para que reciba tratamiento psiquiátrico acorde con su historial clínico.
Como informó anteriormente el Observatorio de Bioética, la Fiscalía respaldó en marzo de 2025 el derecho de la joven a recibir la eutanasia, alineándose con la resolución judicial que autorizaba la prestación. Aquella decisión revirtió una suspensión previa y reconoció su derecho a acceder a la muerte asistida pese a la oposición del padre.
El origen del caso se remonta a octubre de 2022, cuando la joven intentó suicidarse precipitándose desde un quinto piso. El intento le causó graves traumatismos y una lesión medular que la obliga desde entonces a desplazarse en silla de ruedas. Posteriormente solicitó la eutanasia, que fue autorizada inicialmente y programada para agosto de 2024. Sin embargo, la ejecución quedó suspendida cautelarmente un día antes, tras el recurso presentado por su padre ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
En marzo de 2025, tras una nueva solicitud de la joven, la justicia volvió a autorizar la eutanasia, consolidando el criterio favorable ya respaldado por la Fiscalía.
Ahora, el padre —representado por Abogados Cristianos— ha acudido al Tribunal Constitucional alegando que su hija padece trastornos mentales, en concreto un trastorno límite de la personalidad con ideaciones suicidas, lo que, a su juicio, comprometería su capacidad para tomar una decisión libre y plenamente consciente sobre su muerte. La asociación ha solicitado además que se le proporcione tratamiento psicológico y psiquiátrico, considerando que su situación requiere intervención terapéutica y no la aplicación de la eutanasia.
El caso reabre el debate sobre la valoración de la capacidad en pacientes con antecedentes psiquiátricos, los límites del consentimiento en situaciones de vulnerabilidad y el alcance de la Ley Orgánica de regulación de la eutanasia cuando confluyen discapacidad física y patología mental previa.
Desde una perspectiva bioética, el respeto a la autonomía del paciente psiquiátrico exige una evaluación especialmente rigurosa de su capacidad para tomar decisiones irreversibles y potencialmente autolesivas. Diversos estudios muestran que el deseo de morir no suele ser estable y está vinculado a factores clínicos tratables, lo que cuestiona que pueda considerarse una voluntad consolidada. Que una decisión sea firme y autónoma no implica que deba ser necesariamente respaldada, especialmente cuando supone la destrucción de la propia vida. En este contexto, la aplicación de la eutanasia a pacientes con trastornos mentales se interpreta como un fracaso asistencial: en lugar de ofrecer atención, tratamiento y acompañamiento adecuados, se facilita la muerte, desvirtuando los fines propios de la medicina —curar, paliar, prevenir y cuidar— y dejando desprotegidos a los más vulnerables.
