La aprobación de la Ley de la eutanasia en Inglaterra y Gales está ahora más cerca, después de que la Cámara de los Comunes diera su visto bueno definitivo el pasado viernes.
Fue el 20 de junio cuando los diputados respaldaron, por un pequeño margen de 314 votos a favor y 291 en contra, un polémico proyecto de ley que permite a los enfermos terminales que les queda menos de seis meses de vida, acceder a fármacos mortales para “poner fin a su sufrimiento”, o sea, para terminar con su vida, pero expresado eufemísticamente. Se trata de una forma de suicidio asistido.
La ex primera ministra y líder del Partido Conservador de 2016 a 2019, Theresa May, ha expresado su oposición, advirtiendo de que esta ley, propuesta por la laborista Kim Leadbeater, podría introducir una “licencia para matar” en el país. La norma contempla que cualquier persona que se encuentre en fase terminal, pueda decidir acabar con su vida sin haber recibido previamente cuidados paliativos. Los pacientes tendrán que administrarse ellos mismos el medicamento mortal con el permiso de dos médicos y un panel de expertos.
La eutanasia y el suicidio asistido son igualmente inaceptables bioéticamente, por constituir un atentado contra la vida y la dignidad de los pacientes, máxime cuando se les priva del acceso a cuidados paliativos de calidad.
