Observatorio de Bioética, UCV

Eutanasia

26.1.1 Aspectos generales. Razones a favor de la eutanasia. Muerte cerebral. Recuperación de pacientes en coma. Sufrimiento y dolor. Atención a los ancianos. Huelga de hambre. 
26.1.2 Datos estadísticos y situación en distintos países o regiones. Casos concretos. Eutanasia en recién nacidos.
26.1.3 Problemas biomédicos que plantea. Ensañamiento terapéutico.
26.1.4 Regulación legal. Juicios a sanitarios por practicar la eutanasia. Objeción de conciencia. 
26.1.5 Problemas sociales que plantea.
26.1.6 Valoración ética y moral. Fundamentación filosófica y antropológica. Efecto de las creencias religiosas sobre la muerte.
26.1.7 Declaraciones y actitudes personales o institucionales sobre la eutanasia. Asociaciones que lapromueven o la combaten.

 

26.1.1 Aspectos generales. Razones a favor de la eutanasia. Muerte cerebral. Recuperación de pacientes en coma. Sufrimiento y dolor. Atención a los ancianos. Huelga de hambre.

1. Eutanasia: últimas noticias.

Diario Medico (DM) ha publicado una serie de noticias y artículos, sobre distintos temas relacionados con la eutanasia, que por su interés vamos a tratar de resumir.

En primer tema a considerar, son diversos aspectos relativos al testamento vital.  María Victoria Roque, directora del Centro de Estudios de Bioética de la Universidad de Barcelona, comenta (DM, 16-V-2001) la dificultad que supone la posibilidad de que los pacientes puedan cambiar de opinión sobre lo que incluyeron en su testamento vital después de haber redactado este. Por ello, opina que los pacientes deberían rehacer sus testamentos vitales cada vez que cambien de opinión, para asegurarse que los médicos no les sometan a tratamientos que no desean. Si no se hace, es posible que el paciente no pueda beneficiarse de una nueva técnica que haya surgido después de haber redactado su testamento vital De ahí la necesidad de ir actualizándolo, no solo en función de la voluntad del paciente que puede variar, sino también de nuevas tecnologías que puedan ofrecer nuevas perspectivas de vida a los pacientes.

Otro problema que surge es el tratar de equiparar un documento sobre voluntades anticipadas con la eutanasia pasiva.  En este sentido, Jaime Cardona Vila, promotor de la ley catalana sobre voluntades anticipadas y portavoz del CIU en la Comisión de Sanidad del Senado, Manuel Antonio Silva, secretario general de la Consejería de Sanidad de la Xunta de Galicia y Javier Sánchez Caro, subdirector de la Asesoría Jurídica del Insalud, opinan (DM 17-V-2001) que “el documento de voluntades anticipadas no puede equipararse con ningún tipo de eutanasia”, y que la confusión terminológica es la clave del problema. Según Cardona “la eutanasia activa y directa es la única que tendremos que entender como eutanasia, insistiendo en que la ley de reconocimiento de los derechos del paciente no es parte de la eutanasia, sino todo lo contrario.  En opinión de David C Thomasma, uno de los padres de la bioética en EE UU, solo el 10 % de los pacientes utiliza el testamento vital (DM 25-V-2001), y éste solo alcanza su verdadera eficacia cuando existe una verdadera confianza entre médico y paciente, opinión compartida por Maria Victoria Roque (DM 16-V-200l), quien estima que este tipo de documentos no deberían mediar entre el médico y su paciente, va que esta relación debería fundamentarse en la confianza entre ambos. Cuando esta confianza no rige, surgen problemas de entendimiento y así se refleja en un reciente libro sobre el tema (DM 21-VI-2001), en donde se indica que el 75 % de las denuncias presentadas contra actos médicos tienen su origen en una deficiente información del médico a su paciente. También se comenta que los denominados testamentos vitales generalmente se fundamentan en el deseo del paciente de no sufrir, por lo que una generalización de las unidades de cuidados paliativos, eliminaría, en gran parte, la necesidad de fomentar el testamento vital.

De todas formas, si este tipo de documentos proliferan, parece que sería necesario tratar de promover y regular la creación de un Registro General de Documentos de voluntades anticipadas, según opina María Casado, directora del Observatorio de Bioética y Derecho del Parque Científico de Barcelona (DM 26-V1-2001). Ello es debido a la dificultad que en ocasiones existe para saber si un paciente que acude en grave estado a un hospital, redactó con anterioridad un testamento vital. Este registro único, ya existe en EEUU y Holanda. También sugiere que el documento se formalice ante notario para que tenga mayor grado de vinculación. Como se comprueba, un tema este,  el de los testamentos vitales, interesante, seguramente útil para los pacientes, pero que todavía requiere perfeccionarse para que verdaderamente pueda ser un instrumento eficaz en la regulación de la relación médico-paciente en los momentos terminales de la vida.  De todas formas, es posible que las campañas,  puestas en marcha para la introducción del testamento vital, puedan tener un cierto trasfondo tendente a introducir la eutanasia en nuestro país, basándose para ello en la opinión de que la clase médica y los propios ciudadanos son favorables a que aquella se regularice.  Sin embargo, los hechos no parecen confirmar esto, ya que en esos mismos días (DM 15-VI-2001) el Parlamento Catalán rechazó, por 72 votos en contra, 35 a favor y 28 abstenciones, una propuesta que pedía la despenalización de la eutanasia activa. Fuera de nuestras fronteras sucede otro tanto, en efecto, en Oregon, el único Estado norteamericano en el que el suicidio asistido está legalizado, sólo el 0,9 % de los pacientes pide la eutanasia. Además, en otros dos estados, Michigan y Maine, la eutanasia ha sido rechazada por referéndum entre los ciudadanos. Tampoco el cuerpo medico parece favorable a la eutanasia, y en este sentido Ezekael J Emanuel, director del Departamento de Bioética de los Institutos Nacionales de Salud de EE UU (DM 29-VI-2001), recuerda que la oposición profunda a esta práctica es mayoritaria en su país. En este sentido comenta que en los estudios realizados entre los médicos, todos menos dos, revelan que la gran mayoría de los facultativos se oponen a la eutanasia.

Desde un punto de vista positivo, parece que uno de los mecanismos más eficaces para controlar la eutanasia, es fomentar el desarrollo de las unidades de cuidados paliativos. En este sentido, Carlos Fernández Carriedo, consejero de Sanidad de Castilla y León, ha manifestado (DM 12-VI-2001) que su departamento invertirá 500 millones de pesetas en los servicios de cuidados paliativos de los hospitales de su Comunidad autónoma, con el objetivo de lograr la atención de 1.300 pacientes terminales. Fernández Carriedo ha manifestado además que, a los servicios de cuidados paliativos de los hospitales de Salamanca, Ávila y Soria, se sumaran en breve nuevas unidades, en los hospitales de Zamora, Segovia y Palencia.

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2. Eutanasia ¿Qué  debe prevalecer  la autonomía individual o el valor de la vida humana? 

La eutanasia puede ser abordada desde varios puntos de vista, aunque resulta común que se invoque la libertad individual como principal argumento en su defensa: nadie mejor que el sujeto para decidir si desea seguir viviendo o no, por lo que se trataría de un asunto estrictamente personal e incluso íntimo.

No obstante, para intentar aclarar las cosas, conviene no contemplar este problema desde la óptica de quién decide y del ejercicio de su libertad, sino más bien respecto de lo decidido, esto es, del objeto sobre el cual recae dicha decisión.

En efecto, se argumenta que la vida sería un bien disponible para el sujeto, al tener un valor completamente subjetivo. Además, suele darse por descontado, al considerarlo evidente, que sólo el sujeto y nadie más que él tendría esta prerrogativa, algo así como un derecho de propiedad absoluto sobre su propia vida.

Sin embargo, se olvida que toda materia disponible u opinable es de tal naturaleza, que a la postre, cualquiera puede decidir a su respecto, pues se trata de algo prescindible, sin un valor propio o intrínseco, no importando mucho lo que se decida a su respecto. Por el contrario, si fuese algo intransable o absoluto, no se lo trataría así.

En consecuencia, lo que puede ser objeto de opinión o disposición por uno, puede serlo también para otros, porque lo que aquí manda -conviene repetirlo- no es la prerrogativa subjetiva y autónoma del sujeto que opta, sino la esencia del objeto o materia sobre el cual dicha opción se ejerce.

El foco de atención debe trasladarse desde el sujeto al objeto porque lo que manda es este último: dependiendo de lo que las cosas son, es que en algunos casos puede disponerse de ellas y en otros, no, y no lo contrario.

Así, por ejemplo, nadie diría que la pedofilia o la esclavitud son materias opinables y disponibles, precisamente por ser intransables.

Por tanto, como lo que manda es el objeto (la realidad en sí), es absolutamente imposible que exista una materia opinable y disponible a su arbitrio y sin restricciones sólo para el sujeto, y que no lo sea a su vez para los demás, porque se insiste, la clave no está tanto en un dominio o potestad del individuo, sino en la naturaleza de las cosas que son objeto de opinión o disposición.

Y al revés: sólo algo absoluto o indisponible en sí mismo está fuera del alcance del arbitrio, incluso para el propio sujeto titular de dicho objeto.

En consecuencia, o la vida es un valor absoluto, sagrado, siendo valiosa en sí misma, independientemente de los intereses de cualquiera, incluido su propio titular, o por el contrario, y de manera inevitable de acuerdo a la más estricta lógica, se transforma en una cosa disponible u opinable para cualquiera, lo cual la hace depender de la voluntad de algunos que incluso podrían superponerse a la del mismo afectado, llegando así a la eutanasia forzada e impuesta por el Estado, como ya está ocurriendo en algunos países (Max Silva Abbott. Abril nº 110. Febrero 2007).

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26.1.2 Datos estadísticos y situación en distintos países o regiones. Casos concretos. Eutanasia en recién nacidos.

1.- Protocolo de Gronnigen

En un magnífico artículo publicado en The Lancet (371;892-893,2008) se realiza un juicio ético sobre el conocido protocolo de Gronnigen, que como es sabido promueve el infanticidio, al recomendar terminar con la vida de los niños nacidos con discapacidad.

El autor, Eric Kodish, del Departamento de Bioética de la “Cleveland Clinic”, de esa ciudad norteamericana, afirma de entrada que él “no es provida ni pro aborto y que el ensayo que escribe no se refiere al aborto sino al infanticidio”. En su trabajo Kodish se refiere a cuestiones éticas del periodo postnatal.

Como es sabido en 2005 un grupo de pediatras de la Facultad de Medicina de Gronnigen publicaron un artículo en The New England Journal of Medicine defendiendo la moralidad de la eutanasia de recién nacidos. Kodish afirma de entrada que “cualquier muerte procurada de niños no es ética”, y continúa “¿se puede justificar la muerte procurada de los niños?”.

En la historia moderna se ha practicado la eutanasia infantil en la época nazi en donde se eliminaron por pediatras afectos al régimen más de 5000 niños que consideraron “defectuosos”.

En relación con la ética pediátrica, la pregunta que se puede plantear es ¿qué es lo mejor para el niño?.

Según el filosofo Joel Feinberg, la ética pediátrica debería respetar lo que el llama “el derecho del niño a un futuro abierto”. La decisión sobre que conviene al niño debe ser tomada por los padres y facultativos que cuidan al pequeño y esta decisión debe ser acorde con dar al niño la posibilidad de poder llegar a la edad adulta para que él pueda tomar sus propias decisiones. Según Kodish “el protocolo de Groningen viola los principios más elementales de la ètica pediatrica”.

Pero ¿como justifican los redactores del protocolo de Gronnigen la moralidad de lo que proponen?.
Dan cinco razones: 1) hay que diagnosticar la afección del niño y conocer su pronóstico; 2) el bebé debe tener un desesperado e incontrolable sufrimiento; 3) los criterios 1 y 2 deben al menos ser confirmados por un doctor independiente; 4) los padres deben ser informados y dar su consentimiento y 5) el método técnico para terminar con su vida debe ser acorde a los procedimientos médicos establecidos.

Los autores presuponen que si se dan estas mínimas condiciones la eutanasia de los recién nacidos es éticamente permisible.

Sin embargo, según Kodish existen claras objeciones a cada uno de los cinco criterios propuestos.

La valoración ética de los puntos 2 y 4 es suficiente para demostrar que esta práctica, la eutanasia de los recién nacidos, no es éticamente asumible. Según Kodish el sufrimiento incontrolable no es una entidad médica definida. Es muy difícil establecer que es un sufrimiento incontrolable para una persona que no puede comunicarse. Asumir que la eutanasia es el único camino para controlar este incontrolable sufrimiento no parece la actitud terapéutica más apropiada, cuando es sabido que altas dosis de analgésicos junto con otras terapias, de las que habitualmente se utilizan en los cuidados paliativos, puede ser una conducta alternativa apropiada. Por tanto, ya que el criterio se basa en medir algo que técnicamente es inmedible, no tiene ningún valor para tomar una decisión como es terminar con la vida de un niño. Sin embargo, esta decisión no significa que deban aplicarse al niño remedios extraordinarios desproporcionados que, al igual que para un adulto, significaría un encarnizamiento terapéutico.

El criterio 4 es incluso más cuestionable que el 2. Dado que definir el consentimiento paterno es un concepto incoherente. En efecto, la Academia Americana de Pediatría establece que el permiso paterno para que se pueda terminar con la vida de su hijo es algo mucho más delicado que dar el consentimiento para que a uno mismo se le pueda aplicar alguna terapia concreta. El documento de Belmont, documento básico de la bioética norteamericana, establece un principio ético para respetar a las personas que incluye: respeto a la autonomía de los pacientes y protección de los pacientes vulnerables que no pueden ejercitar su derecho a la autonomía.

Con relación a los niños el primer criterio es irrelevante, pero el segundo es de importancia definitiva. Es claro que “los padres no siempre toman buenas decisiones con respecto a sus hijos”. Este razonamiento cierra la puerta para la eutanasia activa  y debería ser absolutamente prohibida para las personas que no tiene capacidad para manifestar su consentimiento, como es el caso de los niños.

El criterio número 5 establece que el procedimiento debe ajustarse a la buena práctica médica, lo que presupone que matar niños es un objetivo dentro de la práctica pediátrica. Las obligaciones de los médicos se deben atener al principio de “primun non nocere” y de no dejar de poner todos los medios para eliminar el sufrimiento. Pero no parece que el medio para eliminar el sufrimiento sea terminar con la vida del que sufre, como se propugna en el protocolo de Gronnigen.

A pesar de la existencia de diferencias sociales y culturales en el mundo, algunos casos parece que son principios universales, por lo que los pediatras de todo el mundo deberían condenar el protocolo de Gronnigen y rehusar el tomar parte en cualquier acción relacionada con el infanticidio.

El cuidado de los niños seriamente enfermos no es nunca compatible con aplicarles la eutanasia.

Justo Aznar

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2.  La  Ley  andaluza  sobre Derechos y Garantías de la Dignidad de la Persona en el Proceso de la Muerte.

Los obispos de Andalucía han afirmado que las ambigüedades contenidas en el Proyecto de Ley de Derechos y Garantías de la Dignidad de la Persona en el Proceso de la Muerte, conocido como ley de muerte digna promovida por la Junta de Andalucía, puede “abrir el camino a interpretaciones contrarias a la dignidad de la persona en el proceso de su muerte con el riesgo de favorecer una forma de eutanasia encubierta”.

Según un comunicado de los obispos, hay aspectos que deben ser definidos con mayor claridad, como la distinción entre la vida biológica y la personal,  algo que, según sostienen, “carece de fundamento antropológico”, pues la vida humana es siempre unidad biológica y personal y la atención médica ha de ser integral. La autonomía personal “nunca puede llegar a justificar decisiones o actos contra la vida humana propia o ajena, pues sin vida no puede haber libertad. No tiene sentido contraponer el derecho a la libre autodeterminación de la persona, como expresión de su dignidad, al bien de la vida humana, puesto que ésta, cualquiera que sea su estado de plenitud o de deterioro, es siempre vida personal y goza indisociablemente de la dignidad indivisible de la persona”.

Al margen de estas consideraciones, los obispos ven positivo el proyecto en tanto se regule a favor de la humanización del proceso de la muerte (Europa Press, 23-II-2010).

Además, esta ley andaluza de muerte digna no reconocerá el derecho a la objeción de conciencia de los médicos. La comisión de Salud del Parlamento andaluz, donde el PSOE tiene mayoría absoluta, rechazó le pasado 24 de febrero varias enmiendas al texto legal presentadas por el Partido Popular que perseguían regular la objeción para todo el personal sanitario y no sanitario.

Tras la reunión del pasado día 24, los populares anunciaron que volverán a llevar sus enmiendas al debate definitivo de la ley en el pleno del Parlamento, aunque, los socialistas ya han advertido de que las rechazarán otra vez.

La Consejería de Salud, responsable del proyecto de ley, ha recalcado desde el principio que no tiene competencias para regular la objeción. Y aunque las tuviera, considera que la que se está tramitando es una norma de “buenas prácticas” en las que no hay nada que pueda generar un conflicto de conciencia.

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26.1.3 Problemas biomédicos que plantea. Ensañamiento terapéutico.

1. Inmaculada echevarría ¿Eutanasia o limitación legítima del esfuerzo terapéutico?

Observatorio de Bioética del Instituto de Ciencias de la Vida de la Universidad Católica de Valencia

1) Antecedentes

Inmaculada Echevarría fue diagnosticada a los 11 años de una distrofia muscular progresiva, enfermedad que puede llevar al paciente a una dificultad respiratoria extrema, por fallo de los músculos costales y del diafragma, dificultad que al final puede causar la muerte del paciente por asfixia. En el caso concreto de Inmaculada, a partir de los 30 años quedó sumida en un estado de inmovilidad casi completa, pues únicamente podía mover los dedos de las manos y de los pies. Sin embargo, su nivel de consciencia se mantuvo en niveles aceptables durante todo el proceso de su enfermedad, siendo muestra de ello que al final de su vida podía comunicarse con facilidad con las personas que la rodeaban, a pesar de que se le había practicado una traqueotomía y de haber sufrido una importante perdida de musculatura de lengua, cara y cuello. Adicionalmente a su posibilidad de hablar, su capacidad intelectual se mantuvo intacta hasta el final, como lo demuestra la intensa actividad desarrollada por la paciente en los últimos días de su vida, especialmente en lo que se refiere a comunicarse con médicos, enfermeros y amigos, e incluso a tomar decisiones tan personales como solicitar la recepción de los últimos sacramentos antes de morir (ABC.es, 16-III-2007).

Para el acto concreto de la desconexión del respirador se la sedó previamente para evitarle cualquier sufrimiento adicional y después se le retiró el mismo, falleciendo aproximadamente a los tres minutos. Esto ocurría a las 21 horas del miércoles 14 de marzo del 2007.

2) Interpretación y valoración ética

Para poder emitir un juicio ético sobre la muerte de Inmaculada Echevarría, lo fundamental, por no decir imprescindible, es establecer si en este caso concreto fue un acto de eutanasia, cooperación al suicidio o limitación de un medio terapéutico que se pudiera considerar desproporcionado.

Por tanto, el primer aspecto a determinar es si para Inmaculada el mantenimiento del respirador artificial era un remedio terapéutico acorde con su situación clínica, o si por el contrario era un medio desproporcionado y por consiguiente se podría considerar que se estaba sometiendo a la paciente a un “ensañamiento terapéutico”. Si ésta fuera la situación, la respiración asistida sería una medida terapéutica que no proporcionaría ningún bien al enfermo, excepto alargar una situación de sufrimiento sin expectativa vital alguna y con una insoportable calidad de vida.

En el primer caso, la acción de quitarle el respirador se podría calificar de verdadera eutanasia, pero en el segundo sería limitación de un medio terapéutico, para evitar al paciente un sufrimiento innecesario por una medida terapéutica desproporcionada. Si fuera eutanasia indudablemente el acto de supresión del respirador no podría ser considerado éticamente admisible; pero en el segundo caso, no solamente sería una acción éticamente correcta, sino que podría incluso ser inmoral hacer permanecer a la paciente en esa situación de “ensañamiento terapéutico”.

Por tanto, el hecho crucial, desde el punto de vista ético, es determinar si el uso del respirador era proporcionado o no a los beneficios clínicos conseguidos para la paciente.

En general, se puede decir que la proporcionalidad del medio terapéutico utilizado viene determinada por el criterio personal de los equipos sanitarios que atienden al paciente, y consecuentemente es una valoración subjetiva, no sujeta a parámetros de evidencia médica, lo que indudablemente hace que la evaluación ética del hecho en cuestión dependa de una interpretación personal.

Continuando con esta reflexión, en primer lugar vamos a intentar valorar, en la medida de lo posible, si el medio terapéutico utilizado en este caso concreto, el respirador, era o no proporcionado a la situación clínica de la paciente.

Desde nuestro punto de vista, una valoración detenida de los hechos parece indicar que la utilización del respirador era una medida proporcionada, pues gracias a él se había mantenido a Inmaculada en una situación clínica estable durante, al menos, los últimos diez años, permitiéndole vivir, si bien con gran limitación externa, fundamentalmente en cuanto a movilidad se refiere, pero también con la consciencia suficiente para ejercer su libertad interior, lo que le permitía comunicarse y por tanto, sentir y dar afecto, lo que sugiere que el medio utilizado, el respirador, era proporcionado al bien médico por él conseguido. Además de ello, es de interés tener en cuenta que en el momento en que Inmaculada solicitó formalmente que le retiraran el respirador, no fue por que la paciente hubiera sufrido algún empeoramiento clínico, que pudiera hacer pensar que el medio utilizado no era en ese momento proporcionalmente adecuado. Es decir, si fue proporcionado durante los diez años anteriores, parece razonable pensar que también era proporcionado en el momento en que Inmaculada solicitó que se lo retiraran.

Por otro lado, si la paciente estuvo al menos diez años en una situación clínica estable y con el mismo remedio terapéutico, el respirador, habría que pensar que si éste no era un medio proporcionado, los facultativos que la mantuvieron en esa situación lo habrían hecho indebidamente, desde un punto de vista ético, es decir habrían estado sometiendo a la paciente a una situación de “ensañamiento terapéutico” durante todo el tiempo que la mantuvieron conectada al respirador, lo que no hubiera sido una actitud éticamente razonable por parte del equipo médico que atendía a Inmaculada.

Más bien parece que, en un momento determinado, la paciente, cansada de soportar una situación que consideraba inaguantable, pidió que le retiraran el respirador, es decir, solicitó a los médicos que la ayudaran a morir. Y esto a nuestro juicio, es sin duda eutanasia, ya que se trata de una acción que por omisión de un medio terapéutico necesario para mantener la vida del paciente busca provocar su muerte para evitarle un sufrimiento. Si así fuera, retirar el respirador a la paciente habría sido éticamente incorrecto, pues la disposición sobre la propia vida es un acto moralmente rechazable. Quizás se debería haber insistido en averiguar qué hechos, situaciones, consejos o vivencias habían hecho cambiar la percepción de la paciente hacia un recurso terapéutico que aceptó cuando se planteó su indicación hace diez años y que durante éste tiempo le ha permitido vivir y “convivir” con sus seres queridos y su entorno, con gran limitación física, sí, pero no anulando sus valores, sentimientos y expectativas como ser humano.

Sin embargo, es admisible pensar que a pesar de estos razonamiento haya personas que consideren que el medio utilizado, el respirador, era una medida terapéutica  desproporcionada y que consecuentemente Inmaculada tenía el derecho y la opción moral de renunciar a ella. En este caso, que a nuestro juicio no es el de esta paciente, no se trataría de eutanasia, por lo que la valoración moral de la retirada del respirador sería, de acuerdo con los que así opinan, éticamente correcta.

Concluyendo estos breves razonamientos, es opinión de este Observatorio que la retirada del respirador a Inmaculada Echevarría fue una acción médica dirigida a terminar con la vida de la paciente, ante una solicitud de ésta, por considerar que su situación era indigna de la condición humana, por ser una vida insoportable. Es decir, se trató de un caso de eutanasia.

Esta opinión es compartida (Aceprensa 16-III-2007) por cualificados médicos, investigadores o juristas, como pueden ser César Nombela, Alfonso López de la Osa, Dolores Espejo o Natalia López Moratalla (ABC.es 16-III-2007), quienes estiman que la desconexión del respirador que mantenía con vida a Inmaculada Echeverría fue un acto dirigido a terminar con la vida de una enferma consciente, capaz de comunicarse con sus cuidadores, sin problemas especiales para establecer juicios de valor sobre su situación y con la voluntad decidida de terminar con su vida. Esto mismo opina la Federación Española de Asociaciones Provida (Alfa y Omega, 22-III-2007).

También destacados miembros de la Iglesia Católica Española, como D. Antonio Cañizares, D. Javier Martínez o D. Carlos Amigo (Analisis Digital, 21-III-2007), coinciden en que en el caso de Inmaculada Echevarría se ha practicado una verdadera eutanasia.

Sin embargo, otro grupo importante de expertos (Aceprensa 16-III-2007), así mismo, a nuestro juicio, de recto criterio ético, como pueden ser José Miguel Serrano, Xavier Gómez Batiste, Miguel Bajo o María Dolores Vila Coro, sustentan la opinión de que en el caso concreto de Inmaculada Echevarría se trató de una decisión legitima por parte de la enferma de limitar un esfuerzo terapéutico a su juicio desproporcionado, por lo que la acción médica practicada sería moralmente aceptable.

Antes de finalizar esta valoración ética conviene detenerse en un aspecto recogido por los medios de comunicación y es la comparación que se ha hecho, entre el caso de Inmaculada Echevarría y otros casos que podrían parecer similares, como el de Ramón Sampedro, Jorge León o Madelaine Z. A nuestro juicio, no son casos equiparables, debido a que,  ninguno de estos pacientes estaba asistido por medio terapéutico alguno que pudiera considerarse desproporcionado y, por tanto, que al retirarlo pudiera ocasionar su muerte. En estos tres casos lo que se hizo fue administrar un fármaco letal para terminar con su vida, lo que califica ésta acción como eutanasia. En el caso de Inmaculada Echevarría, como anteriormente se ha explicado, no se dieron estas circunstancias y por consiguiente la valoración moral de las medidas practicadas en cada uno de estos casos es absolutamente diferente.

3) Opinión Jurídica

Lo que se le planteó al Consejo Consultivo de Andalucía eran dos cuestiones bien determinadas: por un lado, si la solicitud de limitación de esfuerzo terapéutico y la negativa al tratamiento con ventilación mecánica, efectuada por Inmaculada Echevarría, podría considerarse adecuada a derecho; y, por otro lado, si, en tal caso, la actuación de los profesionales sanitarios podría considerarse punible desde un punto de vista jurídico.

Tras una resolución favorable,  emitida por la Comisión Autonómica de Ética e Investigación Sanitarias, el Consejo Consultivo de Andalucía, en su Dictamen número 90/07, casi por unanimidad, determinó que ambos comportamientos eran conformes a derecho.

El Consejo estimó amparadas jurídicamente ambas conductas por la Jurisprudencia (diversas Sentencias de nuestro Tribunal Constitucional), por el Derecho supranacional (Declaración Universal de Derechos Humanos y Convenio de Oviedo), por el Derecho comparado (Ley Fundamental de la República Federal de Alemania y Constituciones italiana y portuguesa) y por determinadas Leyes estatales. (la Constitución Española la Ley 41/2002 y el Código Penal) y autonómicas (Ley 2/1998, de Salud de Andalucía).

Además de todo ello, dentro de la extensa y detallada fundamentación jurídica, se inclinan por una determinada línea doctrinal jurídico-penal que aboga por la no punición de tales conductas.

Si la conducta seguida por los sanitarios, en el caso de Inmaculada Echevarría,  fuera constitutiva de delito, éste sería calificado como tal por el Artículo 143.4 del Código Penal, no por los tipificados en los anteriores números del citado Artículo (inducción al suicidio, cooperación al suicidio y cooperación-ejecución).

A tenor de dicho Artículo, el que causare o cooperare activamente con actos necesarios y directos a la muerte de otro, por la petición expresa, seria e inequívoca de éste, en el caso de que la víctima sufriera una enfermedad grave que condujera necesariamente a su muerte, o que produjera graves padecimientos permanentes y difíciles de soportar, será castigado con la pena inferior en uno o dos grados a las señaladas en los números 2 y 3 de este artículo.

Pues bien, en el caso que nos ocupa, es evidente y queda fuera de toda duda, que concurren determinados elementos del tipo: existencia de petición de muerte expresa, seria e inequívoca  y existencia de enfermedad grave que conduce necesariamente a la muerte que, desgraciadamente, también produce padecimientos permanentes y difíciles de soportar.

Ahora bien, el problema radica en si la conducta que realiza el o los profesionales sanitarios está constituida por actos necesarios y directos, ya que de ser así, cometerían el delito de eutanasia tipificado por el mencionado Artículo; pero, de no ser así, su conducta sería atípica y, por tanto, no punible.

El Consejo, dentro de una importante corriente doctrinal, es de la opinión de que tal conducta es omisiva e indirecta (por eso hablan de eutanasia pasiva indirecta, no incardinada en el Artículo 143.4 del Código Penal).

Sin embargo, bajo nuestro punto de vista, circunscrito en otra corriente doctrinal, no menos importante, es que la conducta en cuestión sí está constituida por actos necesarios y directos que causan la muerte de otro.  Inmaculada muere porque se realiza la acción de desconectar y retirar el respirador. No se trata, por tanto, y desde el enfoque jurídico, de que al desconectar y retirar el respirador el curso natural de su enfermedad le lleva a la muerte. Se trata, por contra, de que sino se hubieran ejecutado tales actos, la muerte no se hubiera producido (Artículo 28.b del Código Penal). No estamos, pues, ante la presencia de una “limitación legítima de esfuerzos terapéuticos”, sino ante la comisión directa de un delito (que conlleva una pena atenuada, regulada ya por el propio Artículo143.4 del Código Penal).

El bien jurídico protegido por el referido Artículo 143.4 del Código Penal sigue siendo la vida humana, ya que es ésta la que se regula en la Constitución Española y, consecuentemente, como dicen las Sentencias del Tribunal Constitucional números 120/ 90, de 27 de junio, y 137/90, de 19 de julio, respectivamente, “tiene, por consiguiente, el derecho a la vida, un contenido de protección positiva que impide configurarlo como un derecho de libertad que incluya el derecho a la propia muerte”, “no es posible admitir que la Constitución garantice en su Artículo 15 el derecho a la propia muerte”. Ni existe un derecho a la propia muerte, ni existe el reconocimiento del derecho subjetivo a la libre disposición sobre la propia vida (Sentencia del Tribunal Constitucional número 120/90, de 27 de junio, ya citada).  Sino existen esos derechos, tampoco existe el correlativo deber u obligación de cooperar o causar esa muerte a petición: no vale, por tanto, acogerse a la teoría del “agere licere”,  como hace el Consejo, haciendo una interpretación personal del contenido de la Sentencia mencionada.

Los derechos de los pacientes han sido un logro que se ha conquistado después de muchos años de vigencia de un paternalismo ya trasnochado y, entre esos derechos, el de autonomía adquiere una importancia capital, razón por la cual el Convenio de Oviedo regula en sus Artículos 5 y siguientes el tema del Consentimiento informado.

Debido a que España firmó y ratificó el Convenio de Oviedo, se dictó la Ley 41/2002 reguladora de la autonomía del paciente, donde en los Artículos 2.2, 2.4, 4 y 5 se regula esta materia.

Pero el hecho de que el derecho a la autonomía del paciente sea de importancia capital no quiere decir que sea incondicional. El límite está  en el derecho a la vida, que es el valor que el Ordenamiento Jurídico de un Estado Democrático debe proteger,  de ahí la regulación de las restricciones al ejercicio de los derechos del Artículo 26.1 del Convenio de Oviedo y de la excepción prevista en el Artículo 2.4 de la Ley 41/2002: “Todo paciente tiene derecho a negarse al tratamiento, excepto en los casos determinados en la ley. Su negativa al tratamiento constará por escrito”. 

4) Posibles soluciones a estos casos

a) Sin duda, la primera y más importante es promover en nuestro país Unidades  de Cuidados Paliativos.

Los Cuidados Paliativos deben proporcionar al paciente y su familia los recursos necesarios para controlar los síntomas de la enfermedad, favorecer la comunicación con el equipo asistencial y la familia, como medida terapéutica que evite el aislamiento emocional y comunicativo del paciente, y por último, intervenir sobre la propia familia, enseñándole a vivir esta situación de una forma eficiente, tanto para ella, como para el propio  paciente.

La causa más frecuente de solicitud de eutanasia, no es el dolor físico (frente al que por otro lado, disponemos de medidas terapéuticas eficaces, incluso la posibilidad de recurrir a la sedación terminal) sino, es la vivencia de sufrimiento intenso, personal, además del generado en la familia; incluso la sensación de carga familiar y social que conlleva no  encontrar sentido a la propia existencia.

Ese sufrimiento, personal e intransferible, intenso y complejo, es fruto fundamentalmente de una vivencia de amenaza, por tanto, es un sufrimiento anticipatorio que pone de manifiesto, sobre todo, el miedo a carecer de recursos personales para enfrentarse a esa situación de dependencia, decrepitud o invalidez De ahí la importancia de lo que propician las opiniones que favorecen esa sensación de “falta de sentido de la vida”, muchas veces envuelta en altisonantes y  lustrados argumentos de exaltación de la autonomía y “derecho a no sufrir”, que son mantenidos desde asociaciones e instituciones y que no hacen más que transmitir al sufriente, el sinsentido de una vida con limitación, de una vida menos digna por “menos útil”.

El sufrimiento depende en gran medida de la interpretación que uno haga de los sucesos. Es posible modular, por tanto, este sufrimiento inevitable modificando la interpretación. Ya lo decía Víctor Frankl, al que nadie  puede negar su conocimiento en primera persona del sufrimiento:  “El sufrimiento hace al ser humano lúcido y al mundo más diáfano”. El sufrimiento no debe cambiar el objetivo vital autoescogido sino, únicamente, los medios para conseguirlo. Dando importancia a lo que realmente tiene; valorando la independencia interior frente a la dependencia exterior.

Los Cuidados Paliativos intentan devolver al paciente las riendas de su futuro, liberándolo, en lo posible, de los síntomas, facilitando la comunicación y atendiendo a la familia en sus necesidades, para que el paciente pueda reorganizar su vida ante la nueva situación y vivirla hasta el último momento con plenitud.

El ser humano enfermo, dependiente o terminal, mantiene íntegra su dignidad y por tanto, merece que la sociedad le ofrezca los medios coherentes con esa dignidad, los cuidados necesarios para que siga adelante con su proyecto vital, a pesar de sus dependencias y limitaciones. Los cuidados paliativos luchan contra el sufrimiento, pero en ningún caso plantean acabar con la vida del que sufre.

b) Rodear al paciente de una atmósfera de afecto y cariño que le evite recurrir a solicitar la muerte por considerar que mantener la vida podría ser ocasión de sufrimiento para  los que lo rodean y, hacerle ver, que aún con esas dificultades, la vida merece la pena ser vivida. En este sentido monseñor D. Javier Martínez, Arzobispo de Granada, ciudad en la que murió Inmaculada, en declaraciones recientes al periódico ABC (26 de marzo del 2007) afirmaba: “quien piensa que no es amado, piensa inevitablemente que la vida no vale nada, pedir la eutanasia o tomar la decisión de suicidarse nace de pensar que su vida no vale la pena ser vivida”.

5) Consecuencias sociales

A juicio de este Observatorio un último aspecto a considerar son las consecuencias sociales que la admisión de casos como éste podrían tener en un futuro.

En efecto, como recientemente a recordado la Subcomisión Episcopal para la Defensa de la Vida (19 de Marzo del 2007), “la metodología para introducir la eutanasia en nuestro país es la misma que se empleó en la legalización del divorcio. Se presentan casos dramáticos para que el sentimiento aparentemente “bueno” y “piadoso” de “ayudar” al enfermo que sufre se imponga al recto juicio. Es, pues, una manipulación que no por sutil es menos real”. Como comentan los Obispos en su escrito, estos últimos días hemos vivido esta situación con mayor intensidad por el desgraciado caso de Inmaculada Echevarría.

Además de las anteriores consideraciones sobre las consecuencias sociales que podrían derivarse de la legalización de la eutanasia en nuestro país, conviene recordar que si se aprueba algo que para algunos parece admisible, como es la eutanasia a petición de los pacientes, se puede abrir la puerta a la eutanasia involuntaria, es decir practicada sin que el paciente lo haya solicitado. En este sentido conviene recordar que, según datos recientes, al menos un 15 % de las eutanasias realizadas en Holanda (primer país del mundo en que la eutanasia fue legalizada) son involuntarias. Que en este país es también admitido, por gran parte de la sociedad, practicar la eutanasia involuntaria por razones económicas de estado y que finalmente es en Holanda, donde se ha promovido el denominado Protocolo de Gröningen, que promueve terminar con la vida de los niños nacidos con problemas físicos importantes.

6) Resumen

Es opinión de este Observatorio que el caso de Inmaculada Echevarría, aún con las reservas anteriormente mencionadas, es un ejemplo claro de eutanasia, por lo que retirarle el respirador se debería considerar como éticamente negativo.

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26.1.4 Regulación legal. Juicios a sanitarios por practicar la eutanasia. Objeción de conciencia.

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26.1.5 Problemas sociales que plantea.

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26.1.6 Valoración ética y moral. Fundamentación filosófica y antropológica. Efecto de las creencias religiosas sobre la muerte.

1. Extremadura da luz verde a la eutanasia pasiva engañosa. Valoración semántica de una propuesta de ley.

Extremadura da luz verde a la eutanasia pasiva. Este o parecidos titulares han sido los que diversos medios de comunicación han utilizado para acoger la noticia de la aprobación por la Junta de Extremadura del anteproyecto de Ley de Salud de aquella comunidad, en el que se quiere regular una ley de voluntades anticipadas. Es este un paso más de los dados hasta ahora para tratar de promover el denominado testamento vital. Fue primero el parlamento catalán, el que en el pasado diciembre aprobó una ley sobre el mismo En este momento se está tramitando otro proyecto de ley sobre esta materia en el parlamento gallego, e igualmente se ha iniciado el desarrollo de una ley nacional de información, historia clínica y voluntades anticipadas que propone la regulación del testamento vital a nivel nacional, y que es posible esté lista este próximo verano. También la iglesia católica ha propuesto su propio texto de testamento vital. Es decir son varios los organismos políticos y religiosos que han promovido, o están promoviendo un documento de voluntades anticipadas, el habitualmente conocido como testamento vital. En si mismas estas iniciativas se pueden considerar como positivas, siempre y cuando pretenda recoger en ellas la voluntad de los pacientes sobre cuando y como desean ser tratados en los últimos momentos de su vida. Pero de esto a equiparar el testamento vital con dar luz verde a la eutanasia pasiva, hay un largo trecho y estimo que esta equiparación no es accidental y que puede significar, por parte de quienes la proponen, un primer paso hacia la aprobación de la eutanasia, por la vía del confusionismo semántico.

En primer lugar hay que aclarar que por eutanasia se entiende cualquier acción encaminada a terminar con la vida de un paciente que sufre y que tiene escasas esperanzas de vida bien sea por medio de un acto positivo que termine con su vida (eutanasia activa) o bien privándole de algún recurso médico necesario para su continuidad vital (eutanasia pasiva). Pero ambas son eutanasia. Por ello, siempre resulta confuso hablar de eutanasia activa o pasiva, vale más, en aras a una clarificadora interpretación semántica, hablar sólo de eutanasia. Pero sobre nada de esto, nada relacionado con la eutanasia, se habla en el proyecto de ley extremeño, como tampoco se hace en el catalán o en el que ahora se esta gestando para todo el territorio nacional. En todos ellos se trata de luchar contra el ensañamiento terapéutico que es el polo opuesto a la eutanasia, ya que trata de prolongar a vida de un paciente artificialmente, generalmente por razones distintas al bien propio del enfermo. El ensañamiento terapéutico está condenado por todos los códigos éticos y deontológicos médicos, por lo que no se requiere ningún apoyo legal adicional para combatirlo, aunque no cabe duda que los testamentos vitales ayudan a crear una opinión contraria a dicho ensañamiento terapéutico. Pero esto nada tiene que ver con la eutanasia pasiva. Por ello la equiparación en los titulares de prensa y otros medios de comunicación de ambas cosas con motivo de la propuesta de un proyecto de ley sobre el testamento vital por la comunidad extremeña y el difundir esto como si se hubiera aprobado la eutanasia pasiva, no es sino confundir a los ciudadanos Esperemos que sea por ignorancia, y no por una dolosa intención de ocultar a los potenciales usuarios la verdad ética de lo que se está legislando.

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2. INMACULADA ¿TE HAS IDO ANTES DE TIEMPO?

Escribo estas letras desde el más profundo respeto hacia una persona, Inmaculada Echevarría, que durante 40 años padeció una distrofia muscular progresiva, enfermedad que en los 11 últimos la sumió en tal incapacidad muscular que requirió la ayuda de un respirador para poder sobrevivir. Una situación extremadamente difícil que la indujo, cuando tenía 51 años, a solicitar la eutanasia. Algo que se llevó a cabo el miércoles 14 de marzo a las 21.30 horas.

Nada más alejado de mi intención que juzgar la decisión de Inmaculada. Sin embargo, si que pienso que puede ser útil realizar una reflexión general sobre el caso, especialmente a la luz de algunos de los últimos avances científicos, que sin duda podrían, pueden creo yo, abrir una esperanza de curación a estos enfermos.

En efecto, se acaba de publicar un apasionante artículo (Science, 444;574,2007), en el que un grupo de autores italianos, describen cómo  cinco perros que padecían  una distrofia muscular similar a la de Inmaculada, la denominada distrofia muscular de Duchenne, fueron tratados con un tipo de células madre, denominadas mesoanglioblastos, obtenidas de ellos mismos, que tras haber sido modificadas por ingeniería genética, se volvieron a reinyectar a los propios animales. Estas células modificadas genéticamente fueron capaces de producir distrofina, una proteína que está alterada en los perros enfermos y que es necesaria para que sus músculos puedan  funcionar  normalmente. Tras el trasplante celular todos los perros mejoraron objetivamente, especialmente uno de ellos, al que se le habían inyectando las células madre por vía aórtica, ya que a los cinco meses  comenzó a andar.

Indudablemente, no podemos entrar aquí en detalles técnicos de este espectacular trabajo, pero sí volver a repetir que los perros fueron tratados con sus propias células madres mesenquimatosas, que habían sido modificadas por ingeniería genética antes de ser transfundidas de nuevo a los animales, para que así estas células pudieran sintetizar la distrofina.

Aunque hay más de 20 tipos de distrofias musculares, la técnica propuesta por los autores italianos, podría  seguramente ser útil para tratar cualquier tipo de disfunción muscular, de carácter genético, entre ellas la distrofia muscular progresiva que padecía Inmaculada.

Los propios autores del trabajo al tratar de valorar las repercusiones clínicas que su hallazgo pudiera tener, comentan que “sus resultados muestran evidencia de que su método podría ser desarrollado para aplicarlo en pacientes”. Incluso se comenta en un Editorial que aparece en la propia revista (Nature, 444;552,2007) que “quizás este tipo de enfermedades podrían estar entre las primeras para las que las prometedoras tecnologías relacionadas con las células madre pudieran ser aplicadas a enfermedades degenerativas”, aunque  “esto podría tardar aún varios años”, y necesitaría de muchos experimentos previos en animales, antes de poder ser aplicado a humanos; pero la posibilidad está abierta. Sin duda, se ha iniciado un camino para poder tratar las distrofias musculares, que ya no volverá a ser cerrado.

Por ello, me pregunto ¿no podría haber sido aplicada esta técnica, dentro de unos años, a Inmaculada?. No cabe duda, que en unos años, yo estimo que no más de 5 ó 10, será posible tratar a estos enfermos con grandes posibilidades de que sus dolencias puedan ser mejoradas, si no curadas, lo que, a la vista de que unos animales con la misma enfermedad han podido volver a andar, me llena de esperanza, de positiva esperanza, pensando que pacientes como Inmaculada Echevarría o Pier Georgio Welby, el italiano que sufriendo igualmente una distrofia muscular, recurrió también a la eutanasia, podrían ver con esperanza un futuro para ellos que en este momento no era fácilmente previsible.

Consecuentemente me pregunto, y lo vuelvo a hacer desde el más profundo respeto, ¿Inmaculada, no te has ido antes de tiempo?. ¿Justo en los mismos días en que estas espectaculares experiencias médicas habrían una posibilidad para tratar tu enfermedad?. En tu caso, tu decisión, por desgracia, es irreversible, pero para los no menos de 30.000 pacientes  afectados de distrofias musculares que existen en nuestro país se abre una prometedora esperanza que seguramente obviará cualquier tentativa de terminar con sus vidas.

Justo Aznar. Director de Investigación del Instituto de Ciencias de la Vida. Universidad Católica de Valencia (Las Provincias 14-IV-2007).

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26.1.7 Declaraciones y actitudes personales o institucionales sobre la eutanasia. Asociaciones que lapromueven o la combaten.

 

 

 

 

 

 

1. Eutanasia, opina la Pontificia Academia para la Vida.
         
¿Qué es la eutanasia?

A partir de la década de 1970, comenzando en los países más desarrollados del mundo, se ha ido difundiendo una insistente campaña a favor de la eutanasia, entendida como acción u omisión que por su naturaleza y en sus intenciones provoca la interrupción de la vida del enfermo grave o también del niño recién nacido mal formado. El motivo que se aduce por lo general es que de esa manera se quiere ahorrar al paciente mismo sufrimientos definidos inútiles.

¿Cómo se quiere justificar la eutanasia?

El perno de la justificación que se quiere utilizar y presentar a la opinión pública está constituido sustancialmente por dos ideas fundamentales: el principio de autonomía del sujeto, que tendría derecho a  disponer, de manera absoluta, de su propia vida; y la convicción, más o menos explicitada, de la insoportabilidad e inutilidad del dolor que puede a veces acompañar a la muerte.

Tampoco se ha de excluir que detrás de algunas campañas a favor de la eutanasia se ocultan razones de gasto público, considerado insostenible e inútil frente a la prolongación de ciertas enfermedades.

¿Qué juicio merece la eutanasia?

La eutanasia es moralmente inaceptable, “en cuanto eliminación deliberada de una persona humana” inocente. La condena de la eutanasia que se hace en la encíclica Evangelium vital por ser “una grave violación de la ley de Dios, en cuanto eliminación deliberada y moralmente inaceptable de una persona humana” entraña el peso de una razón ética universal (se funda en la ley natural) y la instancia elemental de la fe en Dios creador y custodio de toda persona humana.

El citado principio de autonomía, con el que a veces se quiere exasperar el concepto de libertad individual, impulsándolo más allá de sus confines racionales, ciertamente no puede justificar la supresión de la vida propia o ajena. En efecto, la autonomía personal tiene como primer presupuesto el hecho de estar vivos y exige la responsabilidad del individuo, que es libre para hacer el bien según la verdad; sólo llegará a afirmarse a sí mismo, sin contradicciones, reconociendo (también en una perspectiva puramente racional) que ha recibido como don de su vida, de la que, por consiguiente, no es “amo absoluto”; en definitiva, suprimir la vida significa destruir las raíces mismas de la libertad y de la autonomía de la persona.

¿Por qué le preocupa a la Iglesia el tema de la eutanasia?

La Iglesia ha seguido con aprensión ese desarrollo de pensamiento, reconociendo en él una de las manifestaciones del debilitamiento espiritual y moral con respecto a la dignidad de la persona moribunda y una senda “utilitarista” de desinterés frente a las verdaderas necesidades del paciente.

Además, cuando la sociedad llega a legitimar la supresión del individuo –sin importar en qué estadio de vida se encuentre, o cuál sea el grado de debilitamiento de su salud reniega de su finalidad y del fundamento mismo de su existencia, abriendo el camino a iniquidades cada vez más graves.

Por último, en la legitimación de la eutanasia se induce una complicidad perversa del médico, el cual, por su identidad profesional y en virtud de las inderogables exigencias deontológicas a ella vinculadas, está llamado siempre a sostener la vida y a curar el dolor, y jamás a dar muerte “ni siquiera movido por las apremiantes solicitudes de cualquiera” (Juramento de Hipócrates). Esa convicción ética y deontológico se ha mantenido intacta, en su sustancia, a lo largo de los siglos, como lo confirma, por ejemplo. La Declaración sobre la eutanasia de la Asociación Médica Mundial (39ª asamblea, Madrid 1987): “La eutanasia, es decir, el acto de poner fin deliberadamente  a la vida de un paciente, tanto a petición del paciente mismo como por solicitud de sus familiares, es inmoral. Esto no impide al médico respetar el deseo de un paciente de permitir que el proceso natural de la muerte siga su curso en la fase final de la enfermedad”.

¿Qué propone la Iglesia para enfrentar las enfermedades graves y terminales?

Ofrece un itinerario de asistencia al enfermo grave y al moribundo, que se inspire, tanto bajo el aspecto de la ética médica como bajo el espiritual y pastoral, en el respeto a la dignidad de la persona, en el respeto a la vida y a los valores de la fraternidad y de la solidaridad, impulsando a las personas y a las instituciones a responder con testimonios concretos a los desafíos actuales de una cultura de la muerte que se difunde cada vez más.

Declarando curable, en el sentido médico, el dolor y proponiendo, como compromiso de solidaridad, la asistencia a los que sufren es como se llega a afirmar el verdadero humanismo: el dolor humano exige amor y participación solidaria, no la expeditiva violencia de la muerte anticipada.

¿Qué opina la Iglesia sobre las peticiones de muerte?

Las posibles peticiones de muerte por parte de personas que sufren gravemente, como demuestran las encuestas realizadas entre los pacientes y los testimonios de clínicos cercanos a las situaciones de los moribundos, casi siempre constituyen la manifestación extrema de una apremiante solicitud del paciente que quiere recibir más atención y cercanía humana, además de cuidados adecuados, ambos elementos que actualmente a veces faltan en los hospitales. Resulta hoy más verdadera que nunca la consideración una propuesta por la Carta de los agentes sanitarios: “El enfermo que se siente rodeado por la presencia amorosa, humana y cristiana, no cae en la depresión y en la angustia de quien, por el contrario, se siente abandonado a su destino de sufrimiento y muerte y pide que acaben con su vida. Por eso la eutanasia es una derrota de quien la teoriza, la decide y la practica”.

A este respecto, podemos preguntarnos si, bajo la justificación de que el dolor del paciente es insoportable, no se esconde más bien la incapacidad de los “sanos” de acompañar al moribundo en la prueba de sufrimiento, de dar sentido al dolor humano –que, por lo demás, nunca se puede eliminar totalmente de la experiencia de la vida humana- y una especie de rechazo de la idea misma de sufrimiento, cada vez más difundido en nuestra sociedad donde domina el bienestar y el hedonismo.

¿Cuáles son los principales pronunciamientos de la Iglesia sobre este tema?

La Declaración sobre la Eutanasia (1980), publicada por la Congregación para la Doctrina de la Fe, el documento del Consejo Pontificio “Cor unum”, cuestiones éticas relativas a los enfermos graves y a los moribundos (1981), la encíclica Evangelium vital (1995) del Papa Juan Pablo II (en particular los números 64-67) y la Carta de los agentes sanitarios, elaborada por el Consejo Pontificio para la Pastoral de la Salud (1995) (Fundar-Servicio a la Vida, Gacetilla nº 120 año 2005).

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2. Eutanasia y estatuto de autonomía de Cataluña.

Al evaluar el proyecto del nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña se detectan en él importantes problemas políticos y sociales, como pueden ser, la ordenación del territorio nacional y todo lo que atañe a la financiación de las distintas Comunidades Autónomas. Sin embargo, en general, en los medios de comunicación se presta escasa atención a un aspecto, yo diría que fundamental del mismo, cual es, todo lo que afecta a la construcción de una sociedad que se pretende viva de espaldas a la trascendencia, y esto se refleja en varios aspectos, como puede ser la liberalización del aborto, el impulso a una escuela laica radical, con supresión de la enseñanza de religión, la conculcación del derecho de los padres a elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos, la supresión de signos religiosos en instituciones públicas, etc. Pero un aspecto, también importante en esta área, que raramente se comenta, es la legalización de la eutanasia.

En efecto, el proyecto del nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña puede abrir la puerta a esta práctica en esa Comunidad Autónoma, pues en su artículo 20, bajo el título “Derecho a nacer con dignidad”, se defiende la eutanasia al afirmar que “todas las personas tienen derecho a vivir con dignidad el proceso de su muerte”.

Sin duda, al plantear el tema de la eutanasia y del suicidio asistido, el núcleo de su valoración ética radica en determinar que debe prevalecer si la intangibilidad de la vida humana o la autonomía del paciente para decidir sobre su vida. Pero en este momento no queremos centrar aquí nuestra reflexión, sino en otro problema que puede acompañar a la legalización de la eutanasia,  cual es la eutanasia involuntaria, es decir aquella que se practica sin el consentimiento del propio paciente. Y a ésta también se le podría abrir la puerta en la Comunidad Autónoma Catalana.

Cuando se reflexiona sobre un deber ético fundamental, como es el  de preservar la vida humana, no solo hay que valorar las consecuencias que se pueden derivar directamente de su legalización, sino que también hay que prever otras consecuencias no directamente unidas a dicha legalización. En este sentido, un problema, un grave problema diría yo, que se puede plantear si se aprueba la eutanasia en el nuevo Estatuto Catalán, es que esta práctica pueda llevarse a cabo no solamente a requerimiento de los pacientes sino también en pacientes que no la solicitan. Si la eutanasia activa es difícilmente aceptable desde un punto de vista ético, mucho más lo es cuando se aplica a pacientes, generalmente graves, que no la han solicitado.

¿Pero actualmente se practica la eutanasia involuntaria?. Lo mejor es comprobar lo que ocurre en los países en donde la eutanasia está legalizada, como son Holanda y Bélgica, o el estado norteamericano de Oregón, en donde es legal el suicidio asistido.

Como muy acertadamente comenta RJD George, (BMJ 331; 648, 2005), profesor de Bioética del Colegio Universitario de la Universidad de Londres, el argumento fundamental en contra de la legalización de la eutanasia es el insoluble conflicto ético entre atender la demanda de algunos pacientes para que le sea aplicada la muerte terapéutica (así llama él eufemísticamente a la eutanasia y al suicidio asistido) y el garantizar que a los incapacitados, los vunerables, los pacientes con dificultades para comunicarse, no le sean aplicados tratamiento letales, por pensar que es lo mejor para ellos, por lo que la coerción  que se ejerce sobre los mismos es un riesgo real difícilmente ludible.

De acuerdo con ello, en este momento, la eutanasia se esta aplicando de forma involuntaria, cuando no homicida, en ocasiones muy diversas, aduciendose como refrendo ético de esta actitud que terminar con la vida de esos pacientes puede ser un bien para ellos, aunque ellos no hayan solicitado que se termine con su vida.
De acuerdo con este principio ético, en Holanda, la eutanasia se aplica a niños (BMJ, 315; 88, 1997), practica que ahora se quiere hacer extensiva a los recién nacidos que tengan minusvalías, siguiendo un protocolo propuesto por la Unidad Pediátrica del Hospital de Gronnningen. También se está aplicando a pacientes con enfermedades psiquiátricas que no tienen capacidad para manifestar su conformidad con que le sea aplicada la eutanasia (BMJ, 321; 1174, 2000), e igualmente a incapacitados mentales (BMJ, 319; 75, 1999), todo ello bajo el amparo ético de que aplicarles la  eutanasia involuntaria no solamente es éticamente correcto, sino también legalmente necesario (BMJ, 322; 509, 2001). Pero el aplicar la eutanasia a estos pacientes de forma involuntaria nada tiene que ver con el respeto a su autonomía, sino que es precisamente la más grave vulneración de la capacidad individual de una persona para decidir lo que desea. Y esta eutanasia involuntaria, en el momento actual, se está aplicando en Holanda a 1 de cada 7 pacientes que son eutanasiados (The Lancet, 362; 395, 2003), practicándose también en Bélgica en una proporción similar (The Lancet, 356; 1806, 2000).

Con independencia de la vulneración de los derechos del paciente, que se da al practicar la eutanasia involuntaria, aún existe otro ataque más grave a los mismos cuando determinados médicos u otro personal sanitario, al amparo de la legalización de la eutanasia, se atribuyen el derecho de decidir sobre la vida de sus pacientes sin el consentimiento de éstos. Sin duda, el caso más conocido, aunque hay otros muchos, es el Dr. Shipman, que fue condenado por quince homicidios demostrados en otros tantos de sus pacientes por practicarles la eutanasia, aunque se supone con razonable verosimilitud que terminó con la vida de otros 235. Actitud que, seguramente en un ataque de irreprimible culpabilidad, le llevo a suicidarse en su celda.

Pero posiblemente una de las acciones más demostrativas de cómo puede aplicarse la eutanasia involuntaria es el acaecido en estos días en Nueva Orleáns, con motivo del huracán Katrina, en donde diversos médicos de un hospital de esa ciudad, aplicaron la eutanasia a varios de sus pacientes, dado que no tenían tiempo disponible para atenderlos, por lo que estimaron más ético terminar con la vida de algunos de ellos para así poder atender mejor a otros (Mail on Sunday, Londres, 11 septiembre 2005). Es decir, parece que terminar con la vida de dichos pacientes fue el camino más fácil para dejar libres camas que podrían se utilizados por otros, ¿pero es posible que esta actitud tan opuesta al deber más elemental de un médico se practique de forma más generalizada? En este sentido, parece de interés recordar que, en una de las últimas encuestas llevada a cabo en Holanda en relación con la práctica de la eutanasia, (The Lancet 362; 395, 2003), un 15 por cien de los médicos entrevistados manifestaron que habían aplicado en alguna ocasión la eutanasia por razones económicas, algo que sin duda sólo puede ser entendido a la luz del más exacerbado utilitarismo, bajo cuyo amparo un bien económico se pueda anteponer a un bien tan intangible como es la vida humana.

Sin duda, con unas campañas mediáticas bien orquestadas, como es el caso de Cataluña, la opinión pública de esa comunidad autónoma, podría llegar a manifestarse favorable a la eutanasia, lo que no invalida, como comenta el profesor Torbjörn Tännsjö, del Departamento de Filosofía de la Universidad de Estocolmo (BMJ 331; 689, 2005), que “la gran mayoría de los médicos y políticos de los países occidentales se manifiesten opuestos a legalizar la eutanasia”, algo que al parecer no importa mucho a los redactores del Estatuto Catalán, que al promover la legalización de la eutanasia en esa comunidad autónoma están abriendo la posibilidad de que, como ha ocurrido en los dos países en los que se ha legalizado la eutanasia, se pueda estar también dando carta de naturaleza a la eutanasia involuntaria.

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3. Declaración  de Venecia  de  la  Asociación  Médica Mundial sobre la enfermedad terminal.

Prefacio

1. Cuando se abordan los problemas éticos asociados con la atención médica del término de la vida, se plantean inevitablemente interrogantes sobre la eutanasia y el suicidio con ayuda médica. La Asociación Médica Mundial condena como antiético tanto la eutanasia como el suicidio con ayuda médica. Se debe entender que la política de la AMM sobre estos temas se aplica plenamente al contexto de esta Declaración sobre Enfermedad Terminal.

Introducción

2. Cuando el diagnóstico médico de un paciente excluye la esperanza de reponer o mantener su salud y su muerte es inevitable, con frecuencia el médico y el paciente se ven enfrentados a un conjunto de decisiones complejas relativas a las intervenciones médicas. Los avances de la ciencia médica han aumentado la capacidad del médico de abordar muchos problemas asociados con la atención médica del término de la vida. Sin embargo, es un área de la medicina que históricamente no ha recibido la atención que merece. Aunque no se debe comprometer la prioridad de investigación para curar enfermedades, se debe prestar más atención a desarrollar tratamientos paliativos y mejorar la capacidad del médico para evaluar y abordar los aspectos médicos y psicológicos de los síntomas de una enfermedad terminal. La fase de muerte debe ser reconocida y respetada como una parte importante en la vida de una persona. Mientras aumenta la presión pública en muchos países para considerar el suicidio con ayuda médica y la eutanasia como opciones aceptables para terminar con el sufrimiento en los pacientes terminales, el imperativo ético para mejorar el tratamiento paliativo en la fase terminal de la vida se convierte en tema de primera plana.

3. La Asociación Médica Mundial reconoce que las actitudes y creencias sobre la muerte y el morir varían mucho según la cultura y la religión. Además, muchas medidas paliativas y para mantener la vida necesitan tecnologías o recursos económicos que simplemente no están disponibles en muchos lugares. El enfoque de la atención médica para los enfermos terminales se verá muy influenciado por estos factores, por lo que intentar formular normas detalladas sobre la atención terminal que puedan ser aplicadas de manera universal no es práctico ni sensato. Por lo tanto, la Asociación Médica Mundial presenta los siguientes principios de base para ayudar a los médicos y las asociaciones médicas nacionales a tomar decisiones relativas a la atención en fase terminal.

Principios

4. El deber del médico es curar cuando sea posible, aliviar el sufrimiento y proteger los intereses de sus pacientes. No habrá ninguna excepción a este principio, incluso en caso de una enfermedad incurable.

5. En la atención de pacientes terminales, las principales responsabilidades del médico son ayudar al paciente a mantener una calidad de vida óptima al controlar los síntomas y satisfacer las necesidades psicológicas y permitir que el paciente muera con dignidad y tranquilidad. Los médicos deben informar a los pacientes sobre la disponibilidad, los beneficios y otros efectos potenciales de los cuidados paliativos.

6. Se debe respetar el derecho del paciente a la autonomía para tomar decisiones con respecto a las decisiones en la fase terminal de la vida. Esto incluye el derecho a rechazar un tratamiento y a solicitar medidas paliativas para aliviar el sufrimiento, pero que pueden tener el efecto adicional de acelerar el proceso de muerte. Sin embargo, se prohíbe éticamente a los médicos ayudar a los pacientes de manera activa a suicidarse. Esto incluye aplicar cualquier tratamiento cuyos beneficios paliativos, en opinión del médico, no justifiquen los efectos adicionales.

7. El médico no debe emplear cualquier medio que no tenga beneficio alguno para el paciente.

8. El médico debe reconocer el derecho de los pacientes a redactar una voluntad anticipada que describa sus deseos sobre la atención, en caso que no puedan comunicarse y que designen un representante que tome las decisiones que no están expresadas en la voluntad anticipada. En particular, el médico debe abordar los deseos del paciente con respecto a las intervenciones para mantenerlos en vida y también las medidas paliativas que puedan tener el efecto adicional de acelerar la muerte. Cuando sea posible, se debe incluir al representante que toma las decisiones por el paciente en estas conversaciones.

9. El médico debe tratar de comprender y atender las necesidades psicológicas de sus pacientes, especialmente las relativas a los síntomas físicos del paciente. El médico debe tratar de asegurarse que los recursos psicológicos y espirituales estén disponibles para los pacientes y sus familias, a fin de ayudarlos a tratar la ansiedad, el miedo y la pena asociadas a la enfermedad terminal.
10. El manejo clínico del dolor en los pacientes terminales es de mucha importancia para el alivio del sufrimiento. Los médicos y las asociaciones médicas nacionales deben hacer una promoción para difundir y compartir la información sobre el manejo del dolor, a fin de asegurarse que todos los médicos involucrados en la atención terminal tengan acceso a las mejores normas de práctica y a los tratamientos y métodos más corrientes disponibles. Los médicos deben poder llevar adelante el manejo clínico apropiado del dolor agresivo sin temor indebido a las repercusiones reglamentarias o legales.

11. Las asociaciones médicas nacionales deben instar a los gobiernos y a las instituciones de investigación a invertir recursos adicionales para crear tratamientos destinados a mejorar la atención del término de la vida. El currículo de las escuelas de medicina debe incluir la enseñanza de los cuidados paliativos. Cuando no exista, se debe considerar la creación de la medicina paliativa como una especialidad médica.

12. Las asociaciones médicas nacionales deben defender la creación de redes entre instituciones y organizaciones relacionadas con los cuidados paliativos, a fin de facilitar la comunicación y la colaboración.

13. Cuando el paciente no puede revertir el proceso final de cesación de las funciones vitales, el médico puede aplicar medios artificiales necesarios para mantener activos los órganos para trasplantes, siempre que proceda de acuerdo con las normas éticas establecidas en la Declaración de Sidney de la AMM sobre la Certificación de la Muerte y la Recuperación de Órganos  (Asociación Médica Mundial, marzo 2007).

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