Ante la creciente demanda de terapias de reasignación de género en adolescentes, José María Domínguez Roldán, presidente de la Comisión de Ética y Deontología de la Organización Médica Colegial, ha publicado un riguroso análisis en el que advierte sobre la falta de evidencia científica sólida. El experto insta a la comunidad médica a huir de las intervenciones irreversibles apresuradas y a apostar por comités multidisciplinares y un acompañamiento clínico prudente.
El debate sobre las terapias de reasignación de género en menores requiere una profunda reflexión desde los estándares éticos de la profesión médica. Así lo expone José María Domínguez Roldán en un reciente artículo publicado en la revista Actualidad del Derecho Sanitario (marzo de 2026), donde recuerda que el Código de Deontología Médica español establece que, en el tratamiento de menores, siempre deben intervenir “médicos expertos con las competencias oportunas, junto con comités multidisciplinares”.
A esta incertidumbre clínica se suma un fenómeno epidemiológico inusual: un incremento drástico de casos (hasta un 154% en siete años en Reino Unido) que ha llevado a algunos especialistas a hipotetizar sobre un posible “contagio social”. Ante variaciones epidemiológicas tan bruscas, el autor defiende que “la medicina debe extremar el análisis causal antes de consolidar intervenciones irreversibles” y rechaza de plano cualquier “modelo de intervención simplificado o acelerado”.
El deber de cuidado reforzado frente al abandono clínico
Uno de los puntos bioéticos más destacados del artículo es la aclaración de que no realizar intervenciones irreversibles en menores no equivale a un abandono clínico. Los menores que experimentan incongruencia de género suelen presentar altas tasas de sufrimiento psicológico y autolesiones, lo que impone a la profesión médica un “deber de cuidado reforzado”. Esto se traduce en prevenir el acoso, garantizar entornos seguros y ofrecer apoyo psicológico especializado.
La respuesta ética, concluye el experto, no es binaria: “Ni la negación de asistencia ni la medicalización acelerada constituyen soluciones adecuadas”. En este sentido, se recuerda que la medicina está sometida a la responsabilidad moral y no debe utilizarse como un instrumento de validación ideológica, siendo su obligación primordial proteger al menor y salvaguardar su interés superior.
