El pasado 22 de diciembre, el Parlamento escocés aprobó una nueva reforma sobre la ley de género. En ella se rebajaba la edad mínima de cambio de sexo de los 18 a los 16 años y se eliminaba la necesidad de presentar un informe médico junto con evidencias que ratifiquen haber vivido al menos 2 años con esa intención.

Ante esta aprobación, el Gobierno británico ha considerado que el Parlamento escocés se ha extralimitado en sus competencias constitucionales. Asimismo, el Partido Laborista (partido británico de centroizquierda) ha apoyado esta consideración. El líder del partido, Keir Starmer, confesó que tenía “preocupaciones” sobre esta reforma y solicitó un “debate adulto” sobre la modernización de la ley de género.

Como consecuencia, el Secretario de Estado para Escocia, Alister Jack, hará uso por primera vez en la historia de la sección 35 de la ley que estableció la autonomía del Parlamento escocés en 1998 en la cual, Londres, puede vetar aquellas leyes que considere que afectan a asuntos reservados al Gobierno central.

En la tercera semana de febrero, el Gobierno británico ha anunciado que vetará la ley. Alister Jack ha comunicado la presentación de una orden en la Cámara de los Comunes para evitar que sea enviada al rey Carlos III para recibir su consentimiento formal.

El Ejecutivo utilizará por primera vez la conocida como sección 35 de la ley que estableció la autonomía del Parlamento escocés en 1998, que permite a Londres vetar leyes que considere que afectan a «asuntos reservados» al Gobierno central.

En Gran Bretaña y otros países pioneros en la promoción de los procesos de transición de género, tal como hemos publicado previamente, se están modificando los procedimientos relacionados ante la falta de evidencias científicas sobre su seguridad y eficacia, especialmente en niños y adolescentes.

La ley británica y la ley escocesa

La ley británica establece una edad mínima de 18 años para solicitar un cambio de género, exige un diagnóstico médico de disforia y evidencias de que el solicitante ha vivido al menos dos años con su nuevo género.

La ley escocesa, impulsada por el Partido Nacional Escocés (SNP), reduce en cambio esa edad a los 16 y elimina la necesidad de presentar un informe médico y otras pruebas.

 

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