De nuevo nos hacemos eco de un artículo de Jacinto Bátiz Cantera, Director del Instituto para Cuidar Mejor del Hospital San Juan de Dios de Santurce (Vizcaya) publicado en redacción médica.

Bátiz pone en el punto de mira cómo debe ser la atención sanitaria a las personas con discapacidad intelectual, que poseen la misma condición de persona que quienes no la tienen, y que precisan apoyos para vivir una vida plena. Como Bátiz afirma, “el reconocimiento de la persona con discapacidad intelectual es condición imprescindible para hacer realidad la dignidad de esa persona”.

El responsable del Grupo de Bioética de la SEMG, se cuestiona “cómo, a estas alturas de la historia y evolución de la humanidad, la concepción que la sociedad tiene respecto a la discapacidad intelectual, tan antigua como la humanidad misma, ha evolucionado tan poco”. “Las personas con discapacidad intelectual no son enfermos, son unos ciudadanos más que en el ámbito de la salud y de la asistencia sanitaria pueden presentar singularidades y especialidades que el sistema de salud tiene que atender y dar respuesta”.

Dificultades añadidas

Según un estudio realizado en 2008 por la Confederación Española de Organizaciones a Favor de las Personas con Discapacidad Intelectual (Feaps) y la Universidad Autónoma de Madrid, las personas con discapacidad intelectual están notablemente discriminadas por el sistema sanitario español al no recibir una asistencia en igualdad de condiciones al resto de los ciudadanos. Sufren dificultades añadidas debido a los retrasos que padecen cuando tienen que ir al médico provocándoles estrés, experimentan dificultades en la comunicación y siempre necesitan un acompañante en la espera, durante la consulta y en las pruebas médicas.

Según Redacción médica, por la Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, estas personas tienen capacidad jurídica en las mismas condiciones que las demás personas; son titulares del derecho y además tiene derecho a ejercerlo, de manera que ellos mismos pueden ser los protagonistas de sus vidas y pueden tomar las decisiones que prefieran, aunque precisen de apoyo en determinadas ocasiones; la dignidad de la persona se coloca en primera línea, con todas sus circunstancias y además tiene como punto de partida la autonomía de la persona; las medidas de apoyo son a partir de ahora un tema esencial y muy marcado, algo que está en el propio espíritu y en el propio título de la Ley; se refiere a los apoyos que otras personas puedan y deben dar a la persona con discapacidad, es decir se tratan de “apoyos de tipo humano”.

Jacinto Bátiz insta a médicos y familiares a considerar que los profesionales sanitarios en general deberían tener una formación adecuada en discapacidad intelectual para mejorar el trato con los afectados y sus familias, así como para transmitirles mejor la información que como pacientes deben conocer. “Hemos de garantizar que la persona con discapacidad intelectual participe en la toma de decisiones, en la medida de lo posible, a lo largo del proceso asistencial. Debemos realizar ajustes razonables en nuestra atención médica que ayudará a no discriminar a las personas con discapacidad intelectual, como eliminar barreras, hacer las cosas de manera diferente, así como proporcionar algo adicional para permitir que reciba la atención y el tratamiento que necesite”.

“La verdadera discapacidad de la humanidad es su indolencia indiferente, su exaltación de la libertad traducida en el egoísmo que acaba viendo como una carga pública y molesta a las personas con discapacidad intelectual. Tengamos presente que la forma en que una sociedad trata a las personas con discapacidad dice mucho de su nivel de solidaridad”.