Un hombre tetrapléjico, de nacionalidad italiana de 46 años, se ha convertido en el segundo caso de eutanasia autorizado en su país, en el que no están legalizados la eutanasia ni el suicidio asistido, tras pasar los últimos 18 años inmovilizado. Ha sido el propio paciente el que ha elegido el método para causarle la muerte, la sedación profunda, ante la falta de respuesta de las autoridades sanitarias sobre el fármaco que debía serle suministrado (ver más).
El primer caso fue Federico Carboni, de 44 años, tetrapléjico desde 2010 por un accidente de tráfico, que accedió al suicidio asistido, tras una sentencia del Tribunal Constitucional, en su casa de Senigallia (provincia de Ancona) el pasado mes de noviembre.
Tras manifestar su deseo de quitarse la vida, el Comité de Ética de la Sanidad pública italiana decidió autorizarle por cumplir todas las condiciones incluidas en la mencionada sentencia que estableció ese derecho en 2019.
Hasta ese momento, la ley italiana castigaba la ayuda al suicidio con una pena de entre 5 a 12 años de cárcel. Sin embargo, el Tribunal Constitucional, la más alta instancia jurídica en Italia, introdujo una excepción para «los pacientes mantenidos en vida con tratamientos […] y con una patología irreversible, fuente de sufrimiento físico y psicológico que consideran intolerable, aunque son plenamente capaces de tomar decisiones libres y conscientes».
Según ha narrado la Asociación Luca Coscioni, que acompañó a Carboni en su lucha, “Federico murió en su casa después de haberse autosuministrado el fármaco letal a través de un aparato para tal fin, que costó unos 5000 euros, que estuvieron totalmente a su cargo y para los que la asociación había lanzado una colecta de fondos”. El procedimiento ocurrió bajo la supervisión de Mario Riccio, médico anestesista que también fue consultor de Carboni durante el proceso judicial emprendido para morir.
Una ley controvertida
El Parlamento italiano comenzó en diciembre pasado a estudiar un proyecto de ley que permitirá a determinados enfermos someterse a una forma de suicidio asistido, un texto que divide a los partidos políticos y cuya discusión se prolongará durante meses.
De manera análoga, según informa el diario El Debate en España, la juez del Juzgado de Instrucción 5 de Tarragona ha avalado la eutanasia solicitada por el exvigilante de seguridad que disparó a sus excompañeros de una empresa de seguridad y a un policía, sufriendo una lesión medular tras recibir un disparo al ser reducido, y que hace dos semanas pidió que se le aplicara la eutanasia.
Aunque el Hospital Penitenciario de Terrassa en el que se encuentra ingresado autorizó la eutanasia, dos de las víctimas del tiroteo -entre ellas el agente de la policía catalana herido- pidieron al juzgado que paralizara el procedimiento, aduciendo que un presunto asesino no puede esquivar ni el juicio ni una condena mediante una eutanasia.
En su escrito, la magistrada resuelve que no procede «la interrupción» del proceso de eutanasia, puesto que la Ley de Eutanasia «no atribuye ninguna competencia al juez de instrucción para decidir sobre el proceso».
Tras el aval de la juez instructora, será ahora la Comisión de Garantía y Evaluación, un organismo multidisciplinar dependiente de la Generalitat, la que evalúe el proceso de eutanasia solicitado por el preso.
Eutanasia y discapacidad
La manifestación por parte de una persona que sufre tetraplejia del deseo de morir por considerar que su sufrimiento es insoportable, parece ser suficiente para la aplicación de la eutanasia en España, donde está legalizada, y también en Italia, donde no lo está.
No se trata, en el caso de la tetraplejia, de una enfermedad terminal o acompañada de dolor u otros síntomas incontrolables clínicamente, sino más bien de un sufrimiento psíquico originado por la situación de extrema dependencia e incapacidad que parece alejar de los demandantes de la eutanasia todo sentido para seguir viviendo.
Muchos tetrapléjicos sobrellevan su situación de limitación y dependencia extrema sin desear que se les aplique la eutanasia. Porque siguen teniendo razones para vivir. Pero es la ausencia de estas razones la que conduce a pedir ser matados.
Y nadie parece haber planteado que estos pacientes tetrapléjicos quizás necesitan ser ayudados a encontrar razones para seguir viviendo, porque siguen siendo personas dignas, capaces de relacionarse con otros, susceptibles de ser cuidados como exige esa dignidad.
La situación que plantean estos dos casos no es diferente de aquellos que intentan suicidarse, porque la vida se ha convertido para ellos en un sufrimiento insoportable, tal como lo define la Ley de Eutanasia en España. Pero a un suicida que falla en su intento, no se le ayuda a morir, sino a vivir y se le aplica el tratamiento necesario para tratar de que abandone su conducta autolítica. Y es lo que debe hacerse, pero no deja de ser contradictorio con las posturas eutanásicas que justifican el matar al tetrapléjico que lo solicita porque vivir en su condición supone un sufrimiento insoportable, como el suicida.
Y después serán los niños, o los enfermos psiquiátricos o, simplemente, las personas sanas cansadas de vivir. ¿Qué argumento esgrimirán las Comisiones de Garantías que evalúan los casos para la aplicación de la eutanasia para negarla a aquellos que gozando de una salud de hierro aleguen que seguir viviendo les supone un sufrimiento insoportable por carecer sus vidas de todo sentido? ¿Ayudaremos los demás a que encuentren este sentido o nos limitaremos a quitarlos de en medio?
Tal como ya hemos afirmado previamente, son sin duda, los signos de la decadencia de una civilización.
Julio Tudela
Cristina Castillo
Observatorio de Bioética
Instituto Ciencias de la Vida
Universidad Católica de Valencia
