Cada uno de los cincuenta Estados que integran los Estados Unidos de América tendrá la potestad de legislar sobre el aborto, pudiéndose limitar a una concreta casuística o, incluso, prohibirlo.

La sentencia del caso Roe vs. Wade de 1973 emitida por el Tribunal Supremo de USA, consagró el aborto como un derecho protegido sin legislación alguna, e implicó la imposición del aborto a petición y sin alegar causa en todos los estados, produciéndose desde entonces, más de 65 millones de abortos. La sentencia tuvo como base dos graves errores:

  1. Negar la existencia del feto alegando datos infundados sobre el origen de la vida. De esta manera, se evitó el conflicto real existente entre la madre gestante y la vida científicamente contrastada del nasciturus, razón por la que la sentencia estableció erróneamente un conflicto entre el individuo y el poder público consagrándolo como un derecho fundamental del individuo.
  2. El caso se basó en una mentira, tal y como reconoció Norma McCorvey (con el pseudónimo “Roe”) y fue demostrado con el tiempo. Se inventó que había sido violada por un grupo de pandilleros a consecuencia de lo cual quedó embarazada y reclamaba abortar, cuando realmente el padre de su bebé era una persona que ella conocía y quería, tal y como admitió catorce años después (1987). Norma McCorvey nunca llegó a hablar ante el juez, nunca testificó ni estuvo presente en ninguna de las audiencias de su caso, limitándose a firmar lo que sus abogadas le entregaban.

Asimismo, posteriormente, se anunció la sentencia del caso Planned Parenthood vs. Casey de 1992, que afianzaba aún más el aborto como derecho fundamental impuesto judicialmente al confirmar la doctrina del caso Roe vs. Wade, aunque permitía a los estados regular el acceso al mismo.

Ahora, el Tribunal Supremo o Corte Suprema de Estados Unidos, en la sentencia del caso “Dobbs vs. Jackson Women’s Health Organization” emitido este viernes, 24 de junio de 2022 (213 páginas), confirma una ley de Misisipi de 2018 que prohíbe realizar abortos después de las 15 semanas de embarazo, excepto los que reclamen ser emergencia médica física o graves anomalías fetales, sosteniendo que:

“… el aborto supone una profunda cuestión moral. La Constitución no prohíbe a los ciudadanos de los estados regular o prohibir el aborto. Las sentencias Roe y Casey se arrogaron esa autoridad. Ahora anulamos esas sentencias y devolvemos esa autoridad al pueblo y a sus representantes electos”.

En consecuencia, al no existir las sentencias que otorgaban al aborto el carácter de derecho fundamental (caso Roe vs. Wade y caso Planned Parenthood vs. Casey), en adelante, cada uno de los cincuenta estados que integran los Estados Unidos de América tendrá la potestad de legislar sobre el aborto pudiéndose limitar a una concreta casuística o, incluso, prohibirlo.

Se prevé que al menos 26 estados (Missouri, Wisconsin, Utah, Kentucky, Luisiana, Dakota del Sur, Oklahoma, Arkansas, Alabama, etc.) prohíban todos o la mayoría de los abortos, mientras que 24 Estados (California, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawái, Illinois, Maryland, Nueva Jersey, Nueva York, etc.) lo mantendrán sin apenas restricciones, tal y como venía ocurriendo.

 

 

 

 

Alejandro López Oliva

Observatorio de Bioética

Instituto Ciencias de la Vida

Universidad Católica de Valencia