En el año 2020 se realizaron 165.906 cirugías plásticas con fines estéticos en España, y actualmente la ley no requiere que los médicos que realizan estas intervenciones sean especialistas en cirugía plástica, estética y reparadora.

Hoy en día en España, todo médico general puede realizar cualquier acto médico a pesar de estar fuera de su ámbito de formación.

Según un artículo publicado en el Medscape por Amapola Nava, “nueve de cada diez médicos que realizan intervenciones de cirugía estética en España no son cirujanos plásticos. Esto se debe a que la ley no exige que los médicos que realizan estas intervenciones sean especialistas en cirugía plástica, estética y reparadora”.

España es uno de los países líderes en este sector, con un registro de más de 165.000 cirugías plásticas con fines terapéuticos en el 2020; es el séptimo país con más mamoplastias de aumento, el décimo en blefaroplastias y el quinto en elección por los extranjeros para realizarse este tipo de intervenciones.

La Dra. Nélida Grande Mieza, cirujana plástica y vicepresidenta de Cirugía Estética de la Sociedad Española de Cirugía plástica Reparadora y Estética (SECPRE) y la Dra. Maritina Martínez, cirujana plástica y vocal de Ética e Intrusión de dicha sociedad, alertan de la gravedad de este fenómeno. Ambas han afirmado que esta situación ha provocado incluso la muerte de pacientes, como el caso de Sara Gómez, la cual tuvo que ser trasladada de urgencia a otro hospital, donde falleció después de una lipoescultura realizada por un especialista cirujano cardiovascular, quien aducía que tenia numerosos cursos y máster en cirugía estética.

La Sociedad Española de Cirugía Plástica Reparadora y Estética (SECPRE) lleva años reclamando una reforma de ley que establezca unos límites en cada especialidad y que se exija una titularidad para poder llevar a término las intervenciones a realizar. Por otro lado, la Sociedad Española de Cirugía Plástica Reparadora y Estética está llevando a cabo campañas y acciones para informar y advertir a los pacientes de estos peligros, reforzar la seguridad para decidir dónde y quién realizará la intervención y evitar el intrusismo profesional en esta especialidad.