La eutanasia no es un acto médico. Así lo refleja el código deontológico de los profesionales sanitarios. Sin embargo, desde el pasado 25 de junio están obligados a aplicar la prestación de ayuda a morir en aquellos enfermos que lo soliciten. Su única vía para evitar esta consagración absoluta de la autonomía del paciente es la objeción de conciencia. Pero la ley que aprobó el Congreso de los Diputados en marzo no se lo pondrá fácil. El propio Consejo General de Colegios de Médicos (CGCOM) advirtió en su momento al Gobierno de coalición que la creación de un registro de objetores a la eutanasia –como prevé la ley orgánica– era inconstitucional (Diario ABC).