Más de 400.000 mujeres en todo el mundo han sufrido las consecuencias de colocarse las prótesis mamarias de silicona industrial (PIP), entre ellas 18.000 españolas. A estas mujeres se les implantaron prótesis defectuosas que les han producido importantes problemas de salud y que podrían ocasionarles secuelas de por vida.

Muchas de ellas sufrieron la rotura de las prótesis, lo que provocaba que el gel se les diseminara por el cuerpo, y para cuya completa extracción podrían ser necesarias varias intervenciones quirúrgicas. Además, entre los numerosos problemas de salud que continúan padeciendo se encuentran la pérdida de cabello, debilidad, dolores articulares o cáncer.

En el año 2010 la Agencia Francesa del Medicamento alertó de la utilización de un gel industrial muy barato en las prótesis PIP y prohibió su venta y su uso. En ese mismo año la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios pidió a las clínicas y sanitarios que también dejaran de implantar esas prótesis en España por el peligro de rotura de los implantes.

La Seguridad Social únicamente retiró las prótesis a las pacientes con patologías de mama, pero no les hicieron nuevos implantes. Todavía más del 50% de afectadas no se han podido extraer los implantes PIP por su alto coste económico.

Tras once años de litigio, el Tribunal de Apelación de París ha concedido a las demandantes unas indemnizaciones que van desde 17.000 a 70.000 euros. Sólo el 10% de las afectadas se ha decidido a demandar, aunque cada vez más mujeres se están sumando a la demanda colectiva de salud más grande del mundo (ver más AQUÍ).

Valoración bioética

Varias son las cuestiones bioéticas de interés en torno a esta cuestión.

En primer lugar, la necesidad de velar por el cumplimiento de los estándares de calidad en los productos sanitarios, que pueden poner en riesgo la salud y la vida de las personas. Corresponde a las entidades reguladoras establecer rigurosos procesos de evaluación antes de su autorización y de seguimiento una vez se estén utilizado en pacientes. Este seguimiento, incluye establecer mecanismos eficaces de farmacovigilancia que permitan detectar posibles efectos indeseables, interacciones o contraindicaciones que aconsejen la retirada de un determinado producto y su reevaluación.  Si esta fase no se implementa debidamente, los daños sobre los pacientes afectados pueden ser considerables e, incluso, irreversibles.

En segundo lugar, no todas las intervenciones practicadas en medicina estética resultan éticamente admisibles. Sí lo son en muchos casos en los que los beneficios obtenidos para la salud de las personas superan ampliamente los riesgos asumidos. Pero en otros muchos casos, la “medicina cosmética” no justificada por criterios médicos, implica la asunción de riesgos para la salud de los afectados de difícil justificación desde el análisis bioético. Las numerosas complicaciones de algunas prácticas de medicina estética de dudosa necesidad o conveniencia, que han costado incluso la vida de los pacientes, deben ser denunciadas como intentos de “medicalización” de problemas no médicos, con sus riesgos asociados.

Por último, destinar numerosos recursos aplicando procedimientos clínicos para abordar problemas no médicos, la mencionada “medicalización”, constituye un atentado contra los principios bioéticos de justicia, sociabilidad y solidaridad, porque se detraen de otras necesidades más justificadas.