El respeto al derecho de autonomía de los pacientes no debe confundirse con delegar en ellos la responsabilidad de tomar decisiones sobre las que carecen de la formación y la información necesarias.

Como se ha publicado recientemente en medios de comunicación, ante la posibilidad de que los ciudadanos opten por recibir una segunda dosis de vacuna diferente de la que se les administró como dosis inicial, el Ministerio de Sanidad ha articulado la necesidad de que aquellos que hayan sido vacunados en su primera dosis con AstraZeneca, deben firmar un consentimiento informado en el caso de que deseen recibir la segunda dosis de la misma vacuna.

Sin embargo, no sería necesario emitir ese consentimiento en el caso de que se opte por la segunda dosis de la vacuna de Pfizer.

La situación planteada genera algunas contradicciones y dilemas éticos; por un lado, la pauta de vacunación aprobada por la Agencia Europea del Medicamento es la de terminar el proceso con la misma vacuna con la que comenzó, por lo que resulta extraño que se demande a los usuarios un consentimiento informado para cumplir la pauta oficialmente autorizada.

Sin embargo, la opción de combinar vacunas diferentes no ha sido autoriza por la mencionada agencia y sería en este caso cuando habría que solicitar el consentimiento. A esta cuestión habría que añadir la imposibilidad de que los pacientes puedan decidir sobre un asunto que no conocen en profundidad. El ejercicio del principio de autonomía que permite a una persona ejercer la opción libre de someterse a un tratamiento o no, requiere que previamente haya tenido acceso a la información necesaria que le permita discernir entre las opciones con conocimiento de causa.

No parece este el caso que nos ocupa, donde se suceden noticias no coincidentes o incluso contradictorias.

Recientemente se ha publicado en The Lancet un estudio que avalaría las tesis del Ministerio de Sanidad en cuanto a la viabilidad de combinar vacunas de laboratorios diferentes. Este estudio, denominado CombivacS y promovido por el propio Ministerio, de alcance limitado, dio luz verde al proceso de combinación de vacunas.

Deberían redoblarse los esfuerzos dirigidos a suministrar información actualizada, rigurosa y comprensible a los pacientes antes de solicitarles un consentimiento informado como el que ahora nos ocupa, que en todo caso debería asociarse a los tratamientos no autorizados por las agencias internacionales y no a aquellos ya aprobados y avalados científicamente.

El respeto al derecho de autonomía de los pacientes no debe confundirse con delegar en ellos la responsabilidad de tomar decisiones sobre las que carecen de la formación y la información necesarias.