Pasaporte de vacunación. Los recientes estudios publicados sobre la eficacia de la vacunación para evitar sufrir la COVID-19 o transmitir la infección son muy esperanzadores, lo que justificaría la expedición de este “pasaporte”.

 

En la Unión Europea, Gran Bretaña, Estados Unidos, Australia, Dinamarca y Suecia, se está planteando la posibilidad de emitir un «certificado de vacunación» o «pasaporte de vacunación», para aquellas personas que hayan sido vacunadas contra la COVID-19. Este pasaporte está ya en funcionamiento en Israel, donde la mayoría de la población ya está vacunada, al que en ese país se denomina «pasaporte verde».

Al parecer, el principal objetivo del «pasaporte de vacunación», es que los ciudadanos que dispongan de él puedan desplazarse con mayor facilidad entre distintos países, y, ya en ellos, poder acudir a distintos espacios culturales o recreativos con mayor libertad.

Problemas éticos

Sin embargo, poner a punto dicho «pasaporte», suscita algunos problemas éticos que merece la pena considerar:

  1. Dado que actualmente no todos los ciudadanos de un país tienen la posibilidad de acceder a la vacuna, si el «pasaporte de vacunación» lo pueden conseguir solamente los vacunados, se podría plantear un problema de «justicia distributiva» entre las personas de ese país, al favorecer a las que por azar o por cualquier otra razón, no dependiente de ellos mismos, puedan beneficiarse de dicho «pasaporte» por estar vacunados, en contraposición con aquellos otros que no se hayan podido vacunar y consecuentemente no hayan podido conseguir el «pasaporte».
  2. Esto mismo se puede plantear, no solamente entre personas individuales de un mismo país, sino entre ciudadanos de distintos países, dado que indudablemente en el momento actual hay una mayor facilidad para vacunarse en unos países que en otros, circunstancia que también puede afectar a determinados grupos étnicos, migrantes, personas con un nivel social inferior o por cualquier otra razón.
  3. Por otro lado, hay claramente que distinguir entre un «pasaporte de vacunación» y un «certificado de inmunidad», dado que ambos conceptos no son superponibles, ya que en el momento actual no está bien determinado qué nivel de inmunidad se consigue con las distintas vacunas, ni tampoco qué efectividad tienen dichas vacunas contra las distintas cepas de SARS-CoV2.

Nuestra opinión

En primer lugar, los recientes estudios publicados sobre la eficacia de la vacunación para evitar sufrir la COVID-19 o transmitir la infección son muy esperanzadores, lo que justificaría la expedición de este “pasaporte”.

En segundo lugar, aunque el acceso a la vacunación no va a producirse para todos los ciudadanos en un plazo similar y, por tanto, el acceso a la inmunidad se producirá de forma progresiva, el beneficio que supone que los ya vacunados puedan ir recuperando la normalidad en su actividad lo antes posible, constituye un beneficio al que no parece razonable renunciar, aun cuando una parte de la población deba esperar para acceder paulatinamente a la vacunación. Los efectos indeseables de los confinamientos y limitaciones impuestos por la pandemia podrían atenuarse en la medida que la población, a medida que se vaya inmunizando, pueda ir relajando estas medidas coercitivas y recuperando la libertad de movimientos, relación que se ha visto mermada durante este pasado año.

Por tanto, aun siendo evidente que la obtención de este “pasaporte” se conseguiría de manera desigual entre grupos poblacionales según tengan o no acceso a la vacunación, el retorno paulatino a una situación de normalidad ofrece beneficios evidentes que, a nuestro juicio, la justifican.