El gobernador republicano de Arizona, Doug Ducey, ha aprobado un proyecto de ley que convierte en delito la interrupción del embarazo por defectos genéticos como síndrome de Down o fibrosis quística, a menos que haya riesgo mortal para la madre. La nueva ley también impedirá el empleo de fondos económicos por parte de organizaciones que tengan algo que ver con la promoción o realización de abortos.

Según el periódico “The Guardian”, que publicó la noticia el pasado 27 de abril, el proyecto de ley va mucho más allá, otorgando derechos civiles al feto y reconociéndolo una persona. «Hay un valor inconmensurable en cada vida sin tener en cuenta la configuración genética. Continuaremos dando prioridad a la vida de nuestros niños antes de nacer», señaló Ducey en un comunicado divulgado con este motivo.

La medida, que sin duda celebramos desde el Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia, ha sido aprobada gracias al apoyo de la mayoría republicana en el Congreso estatal, a pesar del rechazo de los demócratas.

Varias organizaciones de derechos civiles, como la Unión de Libertades Civiles de EEUU (ACLU, en inglés), han criticado la medida al asegurar que tendrá «consecuencias no intencionadas» como «forzar a gente a dar a luz contra su voluntad».

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