Al margen de los problemas médicos y sociales que la vacuna contra la COVID-19 suscita, también se plantean otros aspectos éticos que conviene tener en cuenta.
A mi juicio, en relación con estos últimos, cuatro son los principales: a) conocer que vacunas han sido producidas utilizando células de abortos provocados; b) todo lo relativo a la justa distribución de las dosis de vacunas existentes para garantizar que lleguen por igual a todos los países y personas, con independencia de su nivel económico, étnico o de cualquier otra índole; c) regular la concesión de patentes que podrían dificultar su producción y posterior distribución y e) la problemática que plantea la selección de enfermos cunado las UCIs están sobresaturadas.
En nuestro Observatorio hemos tratado ampliamente el primer aspecto. Aquí vamos a reflexionar sobre el segundo, especialmente al hilo de un artículo publicado en el The New York Times, el pasado 28 de enero de 2021.
En él se comenta que, los miembros del Parlamento Europeo, en el contrato que acordaron con algunas firmas farmacéuticas productoras de vacunas, generalmente no tuvieron en cuenta aspectos tan concretos como determinar el precio de las dosis, cual debía ser el plan de distribución o la cantidad económica que los países debían adelantar para adquirir las vacunas, pues ello podría influir en su distribución y en garantizar que llegaran a todas las personas que las necesiten.
Concretamente, en cuanto a la distribución se refiere, existen tres tipos de posibilidades: a) comprar directamente las vacunas por los distintos países a las firmas farmacéuticas para su posterior distribución; b) comprarlas a través de organizaciones gubernamentales, tales como la Unión Europea o la Unión Africana, para que estas organizaciones las distribuyan a los distintos países de su competencia y c) o distribuirlas a través de COVAX.
Covax
¿Pero qué es COVAX? Es una iniciativa de la OMS sin fines lucrativos, en la que participan distintos países y organizaciones no gubernamentales, como puede ser la “Coalition for Epidemia Preparedness Innovations” (CEPI), entre otras. COVAX ha recibido recursos de 98 naciones ricas y también de 92 naciones de rentas menores, que posiblemente deberían ser las destinatarias de las vacunas. COVAX había reunido ya en 2020 dos mil millones de dólares para garantizar las primeras remesas de vacunas, aunque para cumplir su objetivo de poder llegar a vacunar al 20% de la población mundial se necesitarían 4.600 millones. De todas formas, su objetivo inmediato es que todos los países tengan vacunas antes de julio de 2021, y a la vez disponer de 1300 millones de dosis subvencionadas para los países más pobres. Por ahora, COVAX tiene comprometidos 170 millones de dosis de la vacuna de AstraZeneca, 500 millones de la Janssen, 200 millones de Sanofi y otros tantos millones de Novovax, aunque estas tres últimas firmas farmacéuticas aun no tienen la necesaria autorización de los organismos competentes para su distribución comercial.
Pero sigamos con la distribución de las vacunas. En relación con la adquisición de las dosis de vacunas para su posterior distribución, la Unión Europea se ha asegurado, con adecuados contratos, 2.300 millones de dosis de vacunas y está negociando la adquisición de 300 millones más. Por otro lado, Estados Unidos ha contratado 400 millones de vacunas con Pfizer y Moderna y espera conseguir 200 millones más el próximo verano, con opciones para adquirir 500 millones adicionales, todo ello con el objetivo de asegurar la vacunación de sus ciudadanos. Pero esta política puede ser contraria a una justa distribución de las vacunas en todo el mundo, además de afectar negativamente a solucionar el tema de la pandemia (ver más). En relación con ello, So y colaboradores comentan que una sustancial concentración de reservas de vacunas por parte de un pequeño grupo de países de elevado nivel económico, podría dificultar el acceso a dichas vacunas a países con medio o bajo producto interior bruto, especialmente si algunos fabricantes, como actualmente está ocurriendo, no pueden cumplir sus compromisos de fabricación de las vacunas. Además, como afirman Wang y colaboradores la vacunación global contra la COVID-19 podría verse al menos dificultada. Por todo ello, Schawantz, en el artículo del BMJ anteriormente comentado, concluye que el éxito de los programas de vacunación contra la COVID-19 requiere una coordinación global y un compromiso por parte de los países ricos para garantizar la fabricación y logística de la distribución de las vacunas, para que éstas puedan llegar a los países pobres que las necesitan.
También, en relación con la justa distribución de las vacunas, se posiciona la Congregación para la Doctrina de la Fe, que a través de la “Comisión Vaticana COVID-19”, manifiesta la necesidad de que las vacunas estén disponibles y accesibles a todos, para evitar la “marginalidad terapéutica”, pues si existe la posibilidad de curar una enfermedad con un medicamento, éste debería estar al alcance de todos, de lo contrario se cometería una injustica , sería un delito contra la justicia distributiva , justicia que debe llegar especialmente a los más vulnerables y necesitados de todas las regiones del planeta (ver más).
Otro aspecto que éticamente habría que regular para asegurar su equitativa distribución, es el precio de las vacunas, aunque esto se suele ocultar en los acuerdos a los que han llegado los distintos países con las firmas comerciales. En este sentido se sabe que la Unión Europea ha fijado un precio de 2,19 dólares por dosis con AstraZeneca, mientras que esta misma firma las vende a 5.25 dólares en Sudáfrica. En el mismo sentido la Unión Europea ha contratado sus vacunas con Pfizer a 14,70 dólares por unidad, pero COVAX las ha conseguido a 10,50 dólares.
Por otro lado, algunos países han desarrollado vacunas propias, como Rusia y China, para asegurar la vacunación de sus ciudadanos, aunque estos mismos países, posiblemente dentro de una política de “diplomacia sanitaria”, están dispuestos a facilitar vacunas a menor precio a los países con escasos recursos económicos. Así India, la mayor fabricante mundial de vacunas, producirá más de 1.000 millones de dosis de AstraZeneca para abastecer a países en desarrollo
Finalmente, está el tema de las patentes que las firmas farmacéuticas solicitan, para poder fabricar sus vacunas cuando y como quieran, e igualmente determinar su coste. En relación con ello, una coalición de paséis, liderada por India y Sudáfrica, han pedido a la OMS que las farmacéuticas renuncien a los derechos de propiedad, para que así se puedan producir vacunas genéricas. La OMS ha recibido con interés la idea, aunque la Unión Europea y los Estados Unidos se muestran escépticos ante esta propuesta, pues las patentes garantizan la obtención de los beneficios necesarios para que las farmacéuticas puedan seguir investigando. En relación con ello, “la Comisión Vaticana Covid-19”, ha manifestado “que dado que las vacunas no son un recurso (como el aire y los mares), ni un descubrimiento naural (como el genoma u otras estructuras biológicas), sino que es un invento producido por el ingenio humano, es posible someterla a la disciplina económica, lo cual permitiría compensar los costos de la investigación y el riesgo que han asumido las empresas. Sin embargo, dada su importancia para la salud pública, las vacunas deben ser vistas como un bien al que todos tengan acceso indiscriminadamente, según el principio del destino universal de los bienes, mencionado por el Papa Francisco”. Además, el Papa también afirma que no deben colocarse las leyes del mercado y de las patentes por encima de las leyes del amor y de la salud de la humanidad.
De todas formas, la OMS tiene la intención firme de conseguir una distribución equitativa de las vacunas, no solamente por motivos de justicia distributiva, sino también por eficacia, habiendo declarado su director general, Tedros Adhanom Ghebreyesus, que “solamente lograremos poner fin a la pandemia si le ponemos fin en todas partes del mundo al mismo tiempo, lo que significa que es esencial vacunar a parte de la población de todos los países, no a toda la población de algunos”. Espero que en beneficio de todos, este loable objetivo pueda conseguirse.
Justo Aznar
Observatorio Bioética
Instituto de Ciencias de la Vida
Universidad Católica de Valencia
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