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¿Es ético utilizar recursos públicos para financiar tratamientos estéticos?

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¿Es ético utilizar recursos públicos para financiar tratamientos estéticos?
17 diciembre
12:18 2020

Se acaba de publicar en BMC Medical Ethics, un interesante artículo  en el que se debate acerca de la eticidad de dedicar fondos públicos a los tratamientos estéticos. En él se muestra la complejidad del debate que genera el que los sistemas públicos de salud quieran incluir los tratamientos estéticos como una prestación sanitaria más. Teniendo en cuenta la escasez de recursos sanitarios es necesario justificar con seriedad médica – medicina basada en evidencias- si determinados tratamientos dirigidos a mejorar la imagen corporal pueden entrar dentro de la cartera pública sanitaria o, si, por el contrario, deberían permanecer circunscritos a la sanidad privada. En el fondo se quiere evitar destinar fondos públicos y atención sanitaria hacia aspectos no esenciales en la salud.

Por otra parte, con la aparición y extensión de la medicina estética, entran en discusión conceptos como normalidad corporal, salud y calidad de vida, así como las características que definen lo que ha de ser un paciente. Hemos de tener en cuenta que se trata de variables “medicas” que están siendo sometidas a una fuerte presión social (publicidad, mass media, moda) para que amplíen su significado original y se adapten a unos nuevos estándares a los que la medicina no debería someterse si no quiere ver alterada su misión y fines. Este es un tema de actual discusión.

Para aclarar hasta qué punto un deseo o una preocupación estética podría convertirse en una necesidad médica cuya atención deba ser cubierta públicamente, habría que valorar dos aspectos importantes. Por un lado, asegurar si se está produciendo alguna afectación funcional específica en el paciente como consecuencia de un determinado rasgo o característica estética. Y, en segundo lugar, habría que determinar la existencia de un motivo especialmente elevado de sufrimiento debido a esa característica corporal. De darse esas dos condiciones la cirugía estética no solo estaría indicada medicamente, sino que podría plantearse su cobertura pública. En este caso estaríamos ante un verdadero paciente en el que la cirugía tendría un claro efecto beneficioso para su salud, siendo la causa de su beneficio. El objetivo sería recuperar la función que haya podido ser deteriorada y disminuir el sufrimiento ocasionado por el cambio en la apariencia. Los casos más claros en esta situación son: reconstrucción estética corporal tras accidentes, quemaduras graves, efectos estéticos derivados de tratamientos oncológicos, malformaciones congénitas graves, obesidad mórbida.

Por tanto, echas estas salvedades, no sería suficiente manifestar sin más una preferencia estética, subjetiva y sin afectar a ninguna función, para entonces ser financiada por un sistema público de salud.

La realidad actual lo que demuestra es que un número creciente de personas que se someten a tratamientos estéticos, aunque temporalmente mejoran su autoestima corporal, no presentan ni un problema funcional ni un nivel de sufrimiento válido para justificar su financiación. Es decir, se tratan de supuestos pacientes que no son preocupantes para la salud porque entran dentro de la normalidad y quedan fuera de la necesidad sanitaria. También hay otro tipo de personas en las cuales podrían encontrarse sufrimientos vinculados a la apariencia física, pero tan desproporcionados en sí mismos, que no coincide en ese punto con lo que la mayoría de la población sufre. Por tanto, en estos casos, también quedarían fuera de la cobertura publica, siendo lo recomendable plantear un tratamiento de carácter psicológico para solventar el problema o acudir a la sanidad privada. De modo general se establece que no pueden cubrirse públicamente tratamientos estéticos que busquen alcanzar niveles superiores de corporalidad o satisfacción que se salen del rango normal de la población. De este modo se cumple con un principio de equidad en la atención sanitaria y se evita desviar la atención sanitaria hacia aspectos secundarios.

Finalmente, uno de los problemas que se plantean en este ámbito de la medicina estética, es dónde poner el límite de las preferencias personales estéticas, y el límite de sufrimiento a partir del cual, una vez superado, sea lo suficientemente grave y por tanto válido para ser cubierto por la sanidad pública. Resulta difícil fijar estos límites porque entran en consideración aspectos muy subjetivos de cada persona difíciles de medir por una ciencia basada en evidencias como es la medicina. Y, por último, cuando el sufrimiento y la angustia por la imagen corporal resulte muy elevada (por encima de la media) lo que habrá que valorar es si la cirugía estética es realmente la solución de la causa del sufrimiento, o si la causa puede ser de carácter más psicológico y que exija un abordaje más psicológico o psiquiátrico que quirúrgico. En este tipo de casos se encuentran personas con una dismorfia diagnosticada sobre la cuales está contraindicada la cirugía estética.

 

Emilio García-Sánchez

Prof. Bioética en CC de la Salud

Universidad Cardenal Herrera CEU (Valencia)

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