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El Gobierno prepara una Ley de la Eutanasia sin atender a los requisitos generalmente aconsejados

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El Gobierno prepara una Ley de la Eutanasia sin atender a los requisitos generalmente aconsejados
19 octubre
10:31 2020

El Gobierno de España trata de enmendar su propia Ley de Eutanasia, propuesta conjuntamente por el Partido Socialista Obrero Español y Unidas Podemos, para que la eutanasia y el suicidio asistido puedan ser aplicados, prácticamente a discreción, sin atender a los requisitos médicos y jurídicos que habitualmente exigen este tipo de actos.

Ya que no podemos ser los primeros en cosas positivas, parece que el Gobierno quiere que lo seamos en todo aquello conducido a terminar con la vida de nuestros semejantes, tanto al final de la misma, como es en este caso la eutanasia, como al principio de ella, como puede ocurrir si se aprueba la modificación que también proponen para la Ley del Aborto, permitiendo que las menores de edad puedan abortar sin el permiso de sus padres.

Parece ser que el Gobierno desea que la eutanasia y el suicido asistido en nuestro país sean un derecho al que puedan acceder todos los ciudadanos prácticamente sin ningún control.

Para conseguirlo proponen, entre otras cosas, que tanto la eutanasia como el suicidio asistido, puedan aplicarse, no solamente a enfermos terminales que padezcan dolores insufribles, sino también a cualquier paciente que padezca una “enfermedad crónica”, y que se acorten los plazos de 15 días naturales que propugna la actual proposición de ley entre la primera y segunda solicitud que el paciente debe realizar para poder acceder a la eutanasia. Igualmente, que cuando la situación personal o situación del paciente no lo permita, la solicitud pueda ser fechada y firmada a través de otros medios que le permitan dejar constancia o por otra persona plenamente capaz. La única condición es que se haga todo ello en presencia del enfermo que solicita la eutanasia, es decir, se pretende facilitar esta práctica al máximo, llegando incluso a proponer que se pueda realizar en el domicilio particular del paciente y no solo en los hospitales públicos concertados y privados como señala el actual articulado legal.

Por otra parte, es escandalosa la indiferencia del Gobierno ante lo expresado sobre este tema por el Comité de Bioética de España, órgano asesor del propio Gobierno, para aquellas propuestas de ley que susciten algún debate bioético, pues el mismo afirma que “existen solidas razones para rechazar la transformación de la eutanasia y/o el suicidio asistido en un derecho subjetivo y en una prestación pública. Y ello, no solo por razones del contexto social y sanitario, sino, más allá, por razones de fundamentación ética de la vida, dignidad y autonomía. Por otro lado, la eutanasia, y/o el suicidio asistido no son signos del progreso, sino un retroceso de la civilización, ya que en un contexto en el que el valor de la vida humana con frecuencia se condiciona a criterios de utilidad social, interés económico, responsabilidades familiares y cargos o gasto público, la legalización de la muerte temprana agregaría un nuevo conjunto de problemas. Lo dicho, además, cobra aún más sentido tras los terribles acontecimientos que hemos vivido pocos meses atrás, cuando miles de nuestros mayores han fallecido en circunstancias muy alejadas de lo que es una vida digna. Responder con la eutanasia a la “deuda” que nuestra sociedad ha contraído con nuestros mayores tras tales acontecimientos no parece el auténtico camino al que nos lleva una ética del cuidado, de la responsabilidad y la reciprocidad y solidaridad intergeneracional”.

También al Gobierno parece traerle al pairo la opinión del Consejo General de Colegios de Médicos de España, que hizo pública hace unos días una Declaración donde se reafirma como profesión médica en su compromiso de servicio al ser humano y a la sociedad, así como en el respeto a la vida humana, la dignidad de la persona y el cuidado de su salud. Recuerda que el Código de Deontología Médica establece que “el médico nunca provocará intencionadamente la muerte de ningún paciente ni siquiera en caso de petición expresa por parte de éste”. Además, y según dicho Código, “el médico tiene la obligación de aplicar las medidas adecuadas para conseguir el bienestar del paciente, aun cuando de ello pueda derivarse un acortamiento de la vida”.

Resumiendo, nos parece que el Gobierno, haciendo caso omiso a las propuestas realizadas por otros grupos políticos, y muy especialmente anteponiendo esta ley de eutanasia a la propuesta de ya hace algunos meses del partido Ciudadanos sobre Cuidados Paliativos, intenta colar en la sociedad española, por la vía “exprés”, una ley de eutanasia, al margen de los dictámenes de los grupos de expertos anteriormente comentados, que sin duda, como hemos referido, es la menos restrictiva de todas las que existen en los seis países que actualmente tienen legalizadas estas prácticas.

Hemos dicho anteriormente que nos parece escandalosa, y lo reafirmamos, esta actitud del Gobierno ante materia tan delicada como es el tratamiento de los pacientes en los momentos finales de su vida.

 

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