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Comentario sobre el escrito de la Asociación de Farmacéuticos Católicos acerca de la dispensación farmacéutica de anticonceptivos

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Comentario sobre el escrito de la Asociación de Farmacéuticos Católicos acerca de la dispensación farmacéutica de anticonceptivos
05 junio
12:46 2019

La exigencia de prescripción médica para los contraceptivos orales es incuestionable en todos los casos excepto en el de la contracepción de emergencia, para la que, inexplicablemente desde criterios farmacológicos, la actual legislación obvia esta exigencia. La no exigencia por parte del farmacéutico de esta prescripción va en contra de la buena praxis, del criterio deontológico y de la norma legal.

Con el título “Comentarios al artículo emitido por la Asociación de Farmacéuticos Católicos sobre la dispensación de píldoras anticonceptivas en Farmacia” ha sido publicado un escrito en la página de la Asociación de Farmacéuticos Católicos, relacionado con la licitud moral de la dispensación farmacéutica de píldoras contraceptivas (ver AQUI).

Aunque coincidimos con muchos de los planteamientos expuestos, quisiéramos matizar algunos de ellos. Existen dos párrafos en el documento que, a nuestro parecer, ofrecen una formulación confusa de la dispensación farmacéutica en algunos casos, y que se reproduce a continuación:

 “Cuando la ley (o la misma clientela) le presionase para dispensarla con o sin receta, hasta el punto de que si no lo hiciera le sobrevendrían sanciones, el riesgo de cerrar la farmacia, ambiente hostil y pérdida de mucha clientela, etc., entonces su acción ya no es tanto la de vender en sentido estricto: ya que su capacidad de decisión en la dispensación es nula o está muy mermada. Y su acción se configura como una cooperación material semejante a la que presta un empleado, aunque con mayor grado de responsabilidad. Esta cooperación puede ser lícita en algunos casos, ante el deber de procurar un bien necesario o de evitar graves daños como los que se acaban de decir u otros.”

“Por eso siempre, o casi siempre, convendrá que exijan la receta médica. Si se trata de un comprador ocasional puede informarle sobre los efectos para la salud, y, muchas veces, negarse a dispensarlos sin receta, y por supuesto por razones de orden superior si fueran sustancias abortivas. Si se trata de clientes habituales, que ya van habitualmente sin receta, debe buscar especialmente el trato y el diálogo, para llegar a disuadirles (sin prisas, a veces en un plazo de meses) o, en último caso, que no los soliciten en su farmacia.”

Parece aceptarse en determinados casos la dispensación sin receta de los contraceptivos orales, bajo situaciones de “presión legal o de la misma clientela, especialmente cuando se trata de clientela habitual”, circunstancias en las que los autores parecen relajar los criterios profesionales, deontológicos y éticos de manera no justificada.

La exigencia de prescripción médica para los contraceptivos orales -objeto del presente artículo- es incuestionable en todos losContraceptivos. Su uso o no, no parece tener relación alguna con el índice de mortalidad pero se detectaron otros factores de riesgo. casos excepto en el de la contracepción de emergencia, para la que, inexplicablemente desde criterios farmacológicos, la actual legislación obvia esta exigencia. La no exigencia por parte del farmacéutico de esta prescripción va en contra de la buena praxis, del criterio deontológico y de la norma legal. Sin excepción alguna. Parece insólito relajar esta norma en caso de “clientes habituales, que ya van habitualmente sin receta”.

Para el caso de los contraceptivos postcoitales, dado que no existe exigencia legal de prescripción médica, la objeción del farmacéutico solo puede ampararse en criterios científicos (farmacovigilancia y seguridad) o éticos, derivados fundamentalmente de su mecanismo de acción antiimplantatorio. No debería obviarse el hecho de que en ningún caso la contracepción postcoital puede tener un uso terapéutico sino exclusivamente contraceptivo. Aún en el caso que se menciona en el artículo de que se tratase de relaciones sexuales extraconyugales, la posibilidad de que el fármaco actúe terminando con la vida de un embrión hace ilícita su dispensación para los que excluimos el aborto en cualquier caso.

A este respecto, debe mencionarse que los contraceptivos orales no están exentos de un riesgo -aunque pequeño- de actuar impidiendo un embarazo por un mecanismo antiimplantatorio, lo cual añade una dificultad ética adicional a su dispensación, aún en el caso de que se realizase bajo prescripción médica, tal como hemos analizado en una reciente publicación.[1]

Se reproduce a continuación algunas de las palabras que San Juan Pablo II dirigió a los Farmacéuticos Católicos en 1990, como ya había hecho San Pablo VI previamente, en las que se hace referencia a la posibilidad de que los farmacéuticos seamos solicitados “con fines no terapéuticos, que pueden contravenir las leyes de la naturaleza, en detrimento de la dignidad de la persona.”

DISCORSO DI GIOVANNI PAOLO II ALLA FEDERAZIONE INTERNAZIONALE DEI FARMACISTI CATTOLICI

Sabato, 3 novembre 1990

“Como tantas veces he tenido ocasión de enfatizar, los farmacéuticos pueden ser solicitados con fines no terapéuticos, que pueden contravenir las leyes de la naturaleza, en detrimento de la dignidad de la persona. Por lo tanto, está claro que la distribución de los medicamentos, así como su concepción y su uso, deben regirse por un código moral riguroso y cuidadosamente observado. El respeto a este código de conducta presupone la fidelidad a algunos principios intangibles que la misión de los bautizados y el deber de testimonio cristiano hacen particularmente actuales.

…En la distribución de medicamentos, el farmacéutico no puede renunciar a las necesidades de su conciencia en nombre de las leyes del mercado, ni en nombre de la legislación conforme. La ganancia legítima y necesaria debe estar siempre subordinada al respeto de la ley moral y al apego al magisterio de la Iglesia. En la sociedad, debería ser posible reconocer a los farmacéuticos católicos, que son a la vez testigos competentes y fieles, sin los cuales las instituciones y asociaciones que los agrupan en esta capacidad perderían su razón de ser.”

El problema moral de la dispensación de píldoras anticonceptivas, como conclusión de este primer punto, estriba en cooperar con una esterilización injusta. Cuando no sea esterilización (terapia de patologías ginecológicas) o no sea injusta (contextos no-conyugales), la dispensación de anticonceptivos está sujeta a los mismos criterios habituales en la deontología farmacéutica.

Además, con la puesta en marcha del protocolo europeo de control del medicamento, que en España se ha implantado como SEVEM (sistema español de verificación de medicamentos), se hace aún más necesaria la existencia de receta médica para la dispensación, ya que este sistema controla de dónde viene el fármaco, en qué farmacia se entrega y a quién. Es decir, se garantiza la trazabilidad del medicamento y se refuerza el control sobre la dispensación de los medicamentos con receta.

A esto se suma la preocupación de ver cómo van en aumento las ETS debido a la multiplicación de “contactos sexuales” en quienes sólo se cuidan de no quedarse/dejar a alguien embarazada, y el incremento de embarazos en adolescentes, con los problemas de orden psíquico y emocional que generan.

La distinción entre ambas es de suma importancia para evitar aplicaciones fundamentalistas, “rigoristas” se dice en moral.

La cooperación material es moralmente mala, y por lo tanto ilícita, cuando la propia acción causa realmente el mal que el otro va a realizar. Es decir, cuando hay una relación esencial, no meramente accidental, entre la propia acción y la acción mala: cuando ambas acciones son moralmente dependientes (no solo concatenadas físicamente) una de la otra. Para facilitar este discernimiento, la ética ofrece algunos principios que se pueden concretar así: 1) que la propia intención sea buena (para excluir la cooperación formal); 2) que la propia acción sea en sí mismo buena o al menos indiferente moralmente hablando; 3) que el efecto bueno no sea obtenido a través del malo (para excluir aquel nexo causal eficaz); 4) que exista un motivo necesario proporcionalmente grave respecto al mal que se va a realizar, que justifique llevar a cabo la propia acción.

Como es obvio, desde una perspectiva cristiana esta cuarta condición es fundamental. La cooperación material debe tener razones proporcionadamente graves en relación con el mal que se va a causar, para realizarla. Es una exigencia de la caridad. Ayudar a una persona a realizar algo que es un mal moral pone en un serio compromiso el mandamiento de “amar al prójimo”. Quien coopera materialmente lo hace en cierto modo a su pesar. Consciente de que alguien se va a servir de su propia actividad para fines inmorales, la realiza porque de no hacerlo le sobrevendrán a él mismo males que debe evitar, o perderá otros fines buenos que le son necesarios. Por eso, cuando existiera la posibilidad de actuar sin cooperar al mal, aunque ello comporte cierto esfuerzo o presente alguna incomodidad personal, no sería moralmente admisible la cooperación al mal.

3) Una importante observación final. Sobre la proporcionalidad, el testimonio cristiano y el deber de “cooperar al bien” desde la propia profesión:

Ese “bien necesario” al que se acaba de hacer referencia no es de tipo económico; no tendría sentido -por la desproporción que comporta- un planteamiento así: “puedo dispensar anticonceptivos algunas veces, si es necesario para mantener la clientela y no sufrir perjuicio económico”. Tampoco se trata sólo del mantenimiento de su familia, pues esto quizá podría lograrlo de otro modo, con otro trabajo. El bien es fundamentalmente la ayuda que debe prestar con el ejercicio de su profesión a muchos clientes -orientando, aconsejando, dando un ejemplo de conducta íntegra, un testimonio en favor de la vida humana, etc.- y a otros colegas farmacéuticos, contribuyendo no poco a la cristianización de la sociedad.

El daño que procura evitar es que apenas existan farmacias que se opongan a la dispensación de estos productos (con más razón si son abortivos): porque no son medicinas. Evidentemente, no realiza el bien que debe, ni evita el daño, si vende anticonceptivos sin poner trabas, o sin ponerlas suficientemente. Pero tampoco podría realizarlo si, por negarse absolutamente y en todos los casos a dar esos productos, tuviera que abandonar la farmacia. En este contexto, la cooperación material al mal que supone dispensar algunas veces esos productos (que, además, quien lo deseara podría adquirirlos muy fácilmente en otra farmacia), puede considerarse necesaria para lograr un bien importante que ha de buscar con su profesión, más aún en las circunstancias actuales.

De todos modos, los empleados, en la medida en que puedan, y desde luego el propietario, habrán de tener el objetivo de llegar a evitar la dispensación de anticonceptivos usados para un fin anticonceptivo. Por eso siempre, o casi siempre, convendrá que exijan la receta médica. Si se trata de un comprador ocasional puede informarle sobre los efectos para la salud, y, muchas veces, negarse a dispensarlos sin receta, y por supuesto por razones de orden superior si fueran sustancias abortivas. Si se trata de clientes habituales, que ya van habitualmente sin receta, debe buscar especialmente el trato y el diálogo, para llegar a disuadirles (sin prisas, a veces en un plazo de meses) o, en último caso, que no los soliciten en su farmacia.

Se vuelve a insistir en que algunos productos que no son “anticonceptivos que podrían tener efecto abortivo”, sino que se usan después de haber realizado el coito (anticoncepción postcoital), con el fin exclusivo de provocar el aborto en caso de que hubiera habido concepción, debe evitar dispensarlos.

Tanto los empleados como, a mayor razón, el propietario, han de tener conocimientos científicos serios acerca de toda esta materia -consultando los datos más recientes, etc.- y aprender modos de argumentar. Para aconsejar a algunos clientes, quizá puede tener preparada información sobre los llamados métodos naturales. Parece innecesario insistir, pero como es obvio deberá saber cuáles son los productos que tienen una finalidad verdaderamente terapéutica (p.ej., para regular el ciclo femenino), que en principio se pueden dispensar.

En conclusión, a un propietario de farmacia (y, análogamente, a los empleados de la misma) se le presentan dos posibilidades: negarse siempre a la venta de esos productos, salvo que exhiban una receta; o bien, facilitarlos algunas veces, como se ha explicado hasta ahora, con vistas a no dispensarlos, pero continuando con la farmacia. Entre estos dos modos de actuar no debe elegir guiándose por el criterio de lo más fácil o de lo más ventajoso económicamente. El criterio es hacer todo el bien posible dentro de su profesión, sin abandonarla, pero sin temor a dar la cara y complicarse la vida, a riesgo de ganar menos dinero. La situación en que se encuentra exige, además, que realice muy bien su trabajo, procurando que su farmacia destaque por su prestigio y competencia, servicios al cliente, simpatía, etc., y tratando de evangelizar a sus colegas de profesión.

 

Julio Tudela

Miembro del Observatorio de Bioética

Director del Máster en Bioética

Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir

[1] JULIO TUDELA CUENCA; JUSTO AZNAR LUCEA. Aspectos biomédicos de la regulación de la fertilidad, en “Regulación de la fertilidad humana a la luz de la Carta Encíclica de la Humanae Vitae, CAPITULO 2”. Comunidad de Madrid (España): SEKOTIA, 13/07/2018. ISBN 9788416921652

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1 comentario

  1. Luis Corbí Coloma
    Luis Corbí Coloma junio 15, 11:29

    No estoy de acuerdo en las conclusiones:la responsabilidad moral del ejercicio farmacéutico no lo salva una receta médica como concluye.
    En segundo lugar al referirse al farmacéutico( no lo nombra ni una vez)sólo como propietario a lo largo de su articulo,desmerece el ejercicio profesional del farmacéutico de oficina de farmacia y por tanto degrada la responsabilidad ética y moral que es lo que quiere, por lo menos, aparentemente defender.Al tratarlo como propietario(empresario) y no como farmacéutico(profesional) pone en énfasis en el aspecto económico lo cual devalúa el fin de su, por otra parte,articulo el cual suscribiría personalmente pero difiero en lo que acabo de exponer.
    Como sin duda sabrá existe en lo Colegios Farmacéuticos un registros de farmacéuticos objetores, con el objetivo de defender la conciencia de los profesionales que así se lo deseen.
    Atentamente Luis Corbí

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