La maternidad subrogada no puede ser una alternativa legal para tener descendencia. Es una práctica que abre las puertas a la explotación de la mujer, enriquece a las agencias o intermediarios que buscan a gestantes dispuestas a alquilar por dinero sus vientres y fomentan situaciones comparables con la esclavitud. Son algunas de las conclusiones recogidas en un documento hecho público por el Grupo de Opinión del Observatorio de Bioética y Derecho de la Universitat de Barcelona (UB)

Este grupo de expertos en derecho y ética reconoce que no ha sido fácil alcanzar el consenso en este documento, ya que entre sus integrantes hay también diversidad de putos de vista sobre el tema, como ocurre en el debate social generado por este asunto. No han querido apresurarse, confiesan, en la publicación del estudio al que han dedicado muchas sesiones de trabajo. Pero ahora consideran que emitir su opinión es casi una obligación, “algo inaplazable” dado “el recrudecimiento de este debate en nuestro país”.

En España, recuerda el documento, existen varias propuestas de regulación, que van desde la prohibición absoluta, como es el caso del Comité de Bioética de España, hasta una regulación más permisiva, como la que propone el Grupo de Ética y Buena Práctica de la Sociedad Española de Fertilidad o la proposición de ley presentada por el grupo parlamentario Ciudadanos, favorable a esta práctica.

A esa lista de diversidades de punto de vista hay que sumar una postura cada vez más decidida y clara del actual Gobierno, contrario a la maternidad subrogada y que compartiría muchos de los argumentos expuestos en el documento del Observatorio de Bioética y de Derecho de la UB. Una postura, la del Ejecutivo de Pedro Sánchez, que ha coincidido con un incremento de trabas a familias españolas que llevan semanas atrapadas en Ucrania (en ese país la gestación subrogada es legal) a la espera de la documentación necesaria para poder regresar a sus casas con hijos nacidos por maternidad subrogada.

Una cuestión que mueve miles de millones de euros

Las cuestiones que más preocupan a este grupo de expertos tienen que ver “con la comercialización del cuerpo humano”, “el derecho de los nacidos a conocer su origen” y “la protección de las personas más vulnerables”.

El documento es especialmente duro con los intermediarios, agencias especializadas en paquetes de maternidad subrogada, que ponen en contacto a las gestantes biológicas con las parejas que quieren tener un hijo con esta práctica y pagan por ello entre 40.000 euros y 120.000 euros. “Es una cuestión que mueve miles de millones de euros”, recalcan estos expertos y “en gran medida son los intermediarios (que operan con ánimo de lucro) quienes crean la necesidad de consumo, y por ende los mercados y perciben, además, las mayores ganancias”.

El Grupo de Opinión del Observatorio de Bioética y Derecho considera que existen argumentos suficientemente sólidos para no autorizar la maternidad subrogada y su propuesta es no modificar la regulación actualmente existente en España, donde esta práctica está prohibida. Lo que no impide, sin embargo, que decenas de parejas viajen cada año a países extranjeros donde esta gestación si es legal para tener allí a sus hijos.

En caso de que el Parlamento español acordara algún día aprobar una ley que admita esta práctica, estos expertos lanzan una serie de propuestas o cautelas encaminadas a proteger los intereses de todas las personas involucradas. Si se diera esa hipotética situación consideran que los procesos deberían ser avalados por una autorización judicial. Jamás tendría que haber una contraprestación económica, más allá de los gastos médicos generados por la gestación. Que la madre gestante tuviera varios meses, tras el parto, para decidir si quiere entregar o no a ese bebé. Y los padres que tengan a sus hijos por ese procedimiento, ratificada la voluntad de la madre gestante, no podrían rechazar nunca a su hijo, aunque esa criatura presentara malformaciones o problemas de salud.

Estos expertos en ética y derecho consideran, asimismo, muy importante si estos procesos fueran un día legales elaborar “una inscripción registral de la práctica, y su publicidad restringida, para garantizar el derecho del menor a conocer su propio origen”. Una medida a la que se oponen de forma frontal la mayoría de las madres que han tenido hijos por este procedimiento al considerar que esa lista vulneraría muchos derechos fundamentales (ver MÁS).

En el Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia somos contrarios a la práctica de la maternidad subrogada por razones éticas y sociales, que hemos expuesto con amplitud en anteriores documentos.