Dice la sabiduría popular que quien mal anda, mal acaba. El Tribunal Supremo ha confirmado las penas de hasta seis años de prisión, por un delito de tráfico ilegal de órganos, impuestas por la Audiencia Provincial de Barcelona a los tres miembros de una familia y a un amigo. Los condenados ofrecieron 6.000 euros a un ciudadano marroquí en situación irregular en España, que vivía de la mendicidad, por el trasplante de uno de sus riñones a uno de los condenados, que estaba enfermo. El Supremo no ve admisible una actuación por vía de hecho «dirigida a procurarse un órgano a espaldas del ordenamiento y de los principios que lo informan y que dan razón de ser al sistema público de trasplantes diseñado según los principios de altruismo, gratuidad, solidaridad y objetividad» (Ver más AQUÍ).