El Ministerio Público tenía que entregar el pasado 10 de febrero la investigación que afectaba al expresidente Alberto Fujimori y sus exministros de Salud, en relación con las esterilizaciones forzadas realizadas a mujeres indígenas durante ese Gobierno. La fiscal a cargo de la investigación ha pedido cinco meses más para formalizar su denuncia. Las víctimas y los parientes de las fallecidas realizaron un plantón y han interpuesto una queja contra la fiscal, ya que es la tercera prórroga que pide, pese a que la entidad investiga el caso desde hace 14 años y el expediente contiene 150 tomos de testimonios y pruebas. La Defensoría del Pueblo contabilizó a 2.074 mujeres esterilizadas sin consentimiento informado, basándose en denuncias hechas ante el Ministerio Público; al menos 18 de ellas fallecieron por complicaciones durante la intervención quirúrgica derivada de ella. En el mandato de Fujimori se realizaron alrededor de 300.000 esterilizaciones. El 4 de febrero, 23 miembros del Parlamento Europeo enviaron una carta a Humala en la que le solicitan “hacer todo lo posible para avanzar lo antes posible hacia la debida judicialización de todos los casos” (El País, 10-II-2016).

Como se recordará, el Gobierno peruano recientemente aprobó la creación de un registro de víctimas de esterilización forzada, una política que desarrolló la Administración del expresidente Alberto Fujimori durante su último mandato (1995-2000). El decreto que crea el registro busca “identificar el universo de personas afectadas y garantizar su acceso a la justicia”, así como permitir su acceso a la atención sanitaria (El País, 7-XI-2015). Leer más aquí.