El Gobierno peruano ha aprobado la creación de un registro de víctimas de esterilización forzada, una política que desarrolló la Administración del expresidente Alberto Fujimori durante su último mandato (1995-2000). La Defensora del Pueblo ha registrado más de 2.000 denuncias y 44 muertes por las cirugías de la entonces denominada “anticoncepción quirúrgica voluntaria”. El decreto que crea el registro busca “identificar el universo de personas afectadas y garantizar su acceso a la justicia”, así como permitir su acceso a la atención sanitaria (El País, 7-XI-2015).
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