Observatorio de Bioética, UCV

Legalización del aborto en Latinoamérica

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Legalización del aborto en Latinoamérica
12 diciembre
12:49 2014

Bárbara Fraser analiza la legalización del aborto en Latinoamérica en un reciente artículo publicado en The Lancet (383; 2113-2114, 2014), parte del cual reproducimos.

Hace poco tiempo la presidenta de Chile Michelle Bachelet anunció que su gobierno iba a promover una legislación favorable al aborto para despenalizarlo en caso de violación, riesgo para la vida de la madre o defectos del feto que lo hiciera inviable tras nacer. Esta actitud del gobierno chileno parece que es acorde con una tendencia a despenalizar el aborto en  América Latina.

La primera señal de cambio en Latinoamérica respecto al aborto se produjo en 2006, cuando en Colombia se aprobó que el aborto fuera legal si existiera peligro para la salud de la madre, en casos de violación o incesto o si el feto padeciera graves malformaciones que impidieran su supervivencia tras el nacimiento.

Una actitud semejante se siguió en la ciudad de Méjico en 2007, año en el que se legalizó el aborto y presoterapia en cualquier circunstancia en las primeras 12 semanas de embarazo. La Corte Suprema de Méjico mantuvo esta determinación durante el año siguiente. Sin embargo, esta ley aplicada en la ciudad de Méjico no fue seguida aproximadamente en  la mitad de los estados mejicanos, en los que sus constituciones defienden la vida humana desde la concepción; aunque, a principios de este año, el estado de Guerrero, promovió una disposición legal que permite el aborto a demanda de la mujer dentro de las primeras 12 semanas del embarazo, pero por no coincidir esta norma con la legislación nacional, no parece que pueda ponerse en práctica.

En Uruguay el principal cambio en la legislación sobre el aborto se produjo en 2013, cuando el presidente Jose Mújica firmó una disposición legalizando el aborto en todo el país, llevando a buen término así los esfuerzos de su predecesor, Tabaré Vázquez. La ley uruguaya permite el aborto dentro de las 12 primeras semanas de embarazo o dentro de las 14 semanas en casos de violación o incesto. Sin embargo, excepto en estos últimos casos, la mujer tiene que comentar su situación con un médico y   tres asistentes sociales, que deben explicarle en que consiste el aborto, en sus riesgos y en las alternativas que existen para el mismo. Tras un periodo de reflexión de cinco días, la mujer puede optar por el aborto utilizando los servicios de salud pública.

En Argentina,  en 2012, la Corte Suprema seguía manteniendo una antigua ley que permitía el aborto en casos de violación o incesto.

Al principio de este mismo año el Tribunal Constitucional de Bolivia tomó una decisión favorable al aborto, al eliminar una cláusula que especificaba que la mujer para abortar, después de ser violada, requería el permiso de un juez.

En Perú,  aunque desde el Ministerio de Sanidad se propuso un protocolo para regular los abortos en los hospitales, más de una docena de ellos han dictado sus propias normas para regularlo.

Los colectivos favorables al aborto piensan que la actitud de Uruguay y del gobierno chileno podrían inducir cambios similares en la legislación de otros países de la región.

Una actitud provida es seguida por otros países hispanoamericanos, especialmente de Centroamérica, como son El Salvador y Nicaragua, en los que el aborto está prohibido en cualquier circunstancia. Pero Costa Rica es el país donde se muestra mayor oposición para abortar, pues incluso en este país está prohibida la fertilización in vitro por considerar que termina con la vida de embriones o fetos (The Lancet 373; 2113-2114

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SINOPSIS: Los colectivos favorables al aborto piensan que las actitudes de Uruguay y Chile podrían inducir cambios similares en la legislación de otros países de la región.

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Cristina Castillo Albarran

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